Ciudadanos defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a alcanzar un pacto para la modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la Justicia que incluya el aumento del número de jueces por habitante y la "despolitización" del Consejo General del Poder Judicial.
En esta iniciativa, presentada para su debate en el Pleno del próximo martes, el grupo parlamentario presidido por Albert Rivera afirma que la situación actual de la Justicia en España es "preocupante". Esto genera, a su juicio, una pérdida de confianza en el sistema por parte de los ciudadanos y repercusiones negativas para la economía, aparte de dificultar la lucha contra la corrupción.
Por eso, con esta proposición no de ley se pretende que el Congreso declare su "firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia" e inste al Ejecutivo a crear "un pacto social, político e institucional" que persiga esos fines.
AUMENTAR EL RATIO DE JUECES POR HABITANTE
Concretamente, se pide "dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la Justicia" --actualmente se destina solo un 0,4% del PIB al gasto en los órganos jurisdiccionales-- y fomentar la especialización.
También aumentar el número de jueces por habitante para acercarse al ratio medio de Europa --ya que en 2014 había 11,1 por cada 100.000 habitantes, 7 puntos por debajo-- e invertir en un plan de desarrollo de la administración electrónica con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las comunidades autónomas.
Además, Ciudadanos quiere que se reestructure el funcionamiento de los juzgados para garantizar un modelo "más ágil y efectivo" y que se establezcan los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de conflictos que lo requieran.
ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA
La iniciativa legislativa también reclama "asegurar mediante las modificaciones legales necesarias la independencia de la Justicia" y "despolitizar" la elección de los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial, que "deberán ser elegidos por jueces y magistrados"; de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia; y del fiscal general del Estado, "aumentando los años de ejercicio neesario y haciendo incompatible su elección con el ejercicio anterior de un cargo político o administrativo".
En la misma línea, se propone reformar el Tribunal Constitucional "para asegurar su independencia mediante un estricto sistema de incompatibilidades", así como "restringir las 'puertas giratorias' entre la Justicia y los cargos políticos".
Ciudadanos considera que si estas medidas se llevan a cabo, servirán para atajar la "falta de independencia del poder judicial", necesaria para "articular una efectiva separación de poderes".
Respecto a la "falta de medios materiales y humanos" en la Administración de Justicia, dice que la situación es "alarmante" porque "a la falta de un procedimiento electrónico moderno y sofisticado se suma la falta de mantenimiento de las dependencias judiciales". La consecuencia es "la congestión de los juzgados, incapaces de ofrecer a la sociedad una respuesta rápida y de calidad", añade.
Por último, en cuanto a la organización del sistema judicial, la formación naranja cree que las medidas que plantea permitirán continuar avanzando en los aspectos positivos de la Nueva Oficina Judicial y subsanar las deficiencias que se han manifestado.
