El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solicitará el próximo lunes que se celebre una vista para decidir si pide el ingreso inmediato en prisión, u otras medidas cautelares, para alguno de los 65 condenados por el uso irregular de tarjetas opacas de Caja Madrid.
No obstante, fuentes de la Fiscalía no han detallado cuáles serán las medidas que propondrá el fiscal al tribunal que este jueves condenó a los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, al considerarles culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de la entidad a través del sistema de las tarjetas "black".
Asimismo, el ex director general de medios de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj fue condenado a dos años y seis meses de prisión como colaborador y cómplice de la "mecánica desarrollada", en tanto que a los otros 62 le impone penas de entre tres meses y tres años de prisión.
Tanto Blesa como Rato han manifestado su intención de recurrir la sentencia, una decisión compartida por la mayoría de los condenados y para lo que cuentan con cinco días a partir de su notificación.
Por su parte, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa por las tarjetas 'black' ha solicitado también al tribunal que convoque la vista -regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim-) para decretar prisión "provisional comunicada y sin fianza" para Blesa y Rato.
En un escrito de 8 páginas al que ha tenido acceso Europa Press la CIC señala que, si no es decretada su prisión, el tribunal podría adoptar otra serie de medidas contra los ex banqueros como "prisión eludible bajo la fianza que estime oportuna esta Sala, o bien la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia periódica ante las autoridades que se determinen".
La acusación, que ejerce el abogado Andres Herzog, considera que en este caso "resulta incontrovertida la concurrencia" de los requisitos que la Ley exige para la celebración de la vistilla de medidas cautelares "atendiendo al cúmulo evidencial puesto de manifiesto con la condena" que se ha impuesto a ambos, que además tienen otras causas pendientes ante la justicia. La gravedad de las penas, superiores a dos años en ambos casos, "evidencia de forma reforzada" según esta parte "un cierto y objetivo riesgo de sustracción de la acción de la justicia".
