El juicio de la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) vuelve a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) este miércoles después de que no se haya celebrado ninguna jornada desde el pasado viernes 11 de noviembre. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de este órgano reanudará la vista oral contra 37 acusados con la comparecencia de la trabajadora del líder de la red, Francisco Correa, Alicia Mínguez.

La Fiscalía pide para la encargada de la facturación y de la gestión contable y financiera de las empresas de la trama 'Gürtel' 19 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo continuado, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos continuada y falsedad de documento mercantil continuada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Mínguez era la encargada de elaborar las denominadas 'Hojas de Coste' --que posteriormente eran supervisadas por la administradora Isabel Jordán-- en las que se anotaba los gastos de los actos que la Comunidad de Madrid adjudicaba al Grupo Correa.

En estas hojas, se encuentra el concepto "varios" en el que se recogía el porcentaje de la comisión que se pagó al exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, afirma las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.

Previsiblemente, la Fiscalía preguntará a Mínguez por el fraccionamiento de las distintas facturas de los actos que la Comunidad de Madrid contrataba con las empresas de Correa, según consta en el sumario de la causa en distintos informes y tal y como han asegurado algunos de los acusados que han comparecido ante el tribunal hasta el momento.

EL FRACCIONAMIENTO DE FACTURAS ERA EL "PAN NUESTRO DE CADA DÍA"

Entre ellos, la administradora de una de las empresas de la trama, Isabel Jordán --que estuvo declarando durante cuatro sesiones--, aseguró que el fraccionamiento lo ordenaba la Administración Pública y que era el "pan nuestro de cada día". Asimismo, a preguntas del Abogado del Estado destacó que la Comunidad de Madrid era la que "decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar".

Ante esta afirmación, el abogado del PSOE de Madrid, Wilfredo Jurado, solicitó que acudan a declarar como testigos más de 60 altos cargos del Ejecutivo regional madrileño, insistiendo de este modo en la petición que ya efectuaron antes del inicio de la vista oral.

El tribunal sólo aceptó entonces incluir como testigo a Aguirre, de todo un listado en el que figuraban también su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad como el exconsejero Juan José Güemes. En la próxima jornada el tribunal presidido por Ángel Hurtado comunicará si finalmente admite citar a declarar como testigos a estos responsables de la Comunidad de Madrid.