El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que conforman 37 magistrados más su presidente, Luis María Díez-Picazo, revisará mañana 21 de noviembre la sanción de tres años de suspensión que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso en febrero de 2015 al que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal por participar en la elaboración de una Constitución para Cataluña.
La sanción fue impuesta por un órgano de gobierno de jueces muy fracturado -12 votos frente a 9- tras más de ocho horas de discusión al entender la mayoría que Vidal, actual senador de ERC, incurrió en una falta disciplinaria muy grave, concretamente por incumplir el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al colaborar para el documento independentista. La sanción supuso la pérdida de destino del magistrado en la Audiencia de la ciudad Condal.
A favor de la sanción votaron en el Supremo los vocales de la mayoría conservadora y el presidente Carlos Lesmes frente a la oposición de los vocales del denominado "bloque progresista", a los que se sumó el vocal designado a propuesta del PNV Enrique Lucas.
La decisión final fue, no obstante, más moderada que la propuesta de expulsión de la carrera que defendía tanto la Fiscalía como el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
PRESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
En su resolución, que ahora debe ser analizada por el Supremo, los vocales del CGPJ resolvieron sobre la posible prescripción del expediente disciplinario abierto a Vidal, y el resultado de la votación sobre este asunto ha sido de 13 frente a 8. En cuanto a la indefensión alegada por el magistrado catalán, también fue rechazada por 14 votos frente a 7.
La propuesta del promotor justificaba la expulsión de Vidal por considerar probado que había "participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea tenía por objeto elaborar y redactar una 'Constitución catalana'" y que además admitió de forma pública que su intención era ponerla a disposición o que sirviera de modelo para quienes promovieran la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña.
A ello se añadía, según el promotor, que el magistrado había efectuado "de forma reiterada declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña y, asimismo, ha apoyado y participado activa y públicamente en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña".
