Los guionistas del audiovisual, agrupados en FAGA, han hecho público su "descontento" con la decisión del Gobierno de eliminar la mayoría de ayudas dedicadas a la creación y producción audiovisual, entre ellas la destinada a la elaboración de guiones para películas de largometraje.

Los guionistas del Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) asumen que "en la situación actual de crisis son necesarios reajustes presupuestarios, pero otra cosa es ignorar, por eliminación, a nuestro colectivo profesional".

La situación no es esperanzadora. Pero es la que existe. Las 11 líneas de ayudas de las que gozó la industria cinematográfica en 2011 se han reducido a seis. Este año no habrá dinero para ayudas a guión, tampoco para películas para televisión o series de animación, ni para producción de proyectos culturales y de formación no reglada. Las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo tendrán que esperar también tiempos mejores.

Los cortometrajistas no podrán tampoco en 2012 acceder a ningún tipo de ayuda, como tampoco el sector de la exhibición. A todos estos recortes —la dotación del Fondo Nacional de la Cimetografía se ha quedado reducida a 49 millones de euros, un 35% menos que en 2011— se añade otra noticia nada esperanzadora.

Este recorte se traducirá, asegura FAGA, en la reducción del número de producciones que se llevarán a cabo en 2012, lo que a su vez supondrá un aumento del paro en el sector.El Gobierno debería tomar en cuenta, dicen,  que este frenazo afecta al desarrollo no sólo de un arte sino de una industria que, como tal, es generadora tanto de valores patrimoniales como económicos, añade.

El pasado año recibieron ayuda para la elaboración de guiones de largometraje 15 proyectos, "muy pocos para una industria que pretende ser importante cuantitativa y cualitativamente, pero por lo menos estos guionistas, gracias a esa ayuda, podrán adquirir pericia en el ejercicio de la profesión".

Los guionistas también se refieren a las producciones en la televisión pública y comentan al respecto que "un proyecto de ley que permita la privatización de las televisiones autonómicas primará el interés económico en detrimento de la función social" y rechazan la modificación de la ley por la que se designa al presidente de RTVE, que debe continuar siendo "plural e imparcial".