Las bibliotecas, una de de las redes culturales esenciales y sobre las que los recortes obraron sus más oscuros efectos entre 2011 y 2013, son instituciones esenciales para promover y afianzar la lectura. Sin embargo, son a las que más les cuesta crecer presupuestariamente. Dependen, en el grueso de su financiación, de los gobiernos autonómicos y municipales, que aportan el 70% para las compra de libros.
Según cifras del Ministerio de Cultura, en España existen 4.600 bibliotecas públicas activas. La comunidad autónoma con mayor número es Andalucía, con 783 bibliotecas, seguida por Castilla-La Mancha (489), Comunidad Valenciana (422), Cataluña (412) y Extremadura (409). La cifra es contradictoria, porque según 'El Barómetro de lectura' más reciente, Andalucía está por debajo de la media de lectura nacional.
Madrid sigue siendo la comunidad con mayor índice de lectores, a la que el País Vasco le disputa su lugar tanto en el ranking de lectura como en el de compra de fondos para las bibliotecas junto con Cataluña. En contraposición, Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas que desde 2011 registran un mayor crecimiento de la lectura de libros en tiempo libre, aunque eso no las exime de ubicarse en los peores peldaños del ranking. Esa es la razón por la cual se insiste, desdeñosos los frentes posibles, en un Plan de Lectura que genere lectores.
Un mal antecedente
La crisis despedazó casi todo, pero se cebó con las bibliotecas. ¡Y de qué forma! Las cifras lo demuestran: el gasto en adquisiciones de libros bajó de 1,50 euros a 0,56 céntimos por habitante de 2009 a 2014, según el informe 'La lectura en España'. En aquel documento elaborado y publicado en 2015 por la Federación del Gremio de Editores de España se abordaba la situación del sistema bibliotecario español y demostraba de qué manera tras el crecimiento experimentado en las décadas de 1990 y 2010, el número de bibliotecas y puntos de servicio se redujo no sólo en número, sino en horarios y fondos.
Aquella merma de condiciones propició el descenso de los préstamos: 8.349.307 préstamos menos en 2014 con respecto a 2010. En ese mismo tiempo, aumentó también el número de habitantes inscritos en las bibliotecas, que pasó del 28,72% al 34,49. Según el 'Anuario de Estadísticas Culturales', los usuarios inscritos se incrementaron notablemente durante la crisis. El servicio empeoró debido al fondo mermante y el creciente número de usuarios.
Las comunidades con mayor ratio de préstamos por prestatario activo, hasta 2017, fueron Cataluña con 15,56 préstamos, seguido de La Rioja, 13,15 y Principado de Asturias 12,03. El total de los préstamos, sin embargo, mostraba un descenso del 4,70% con respecto al año anterior. Remontar la sequía de adquisiciones no ha sido fácil y estas cifras lo demuestran.
¿Oportunidad perdida?
La dimisión de Olvido García Valdés como responsable de la recuperada Dirección General del Libro desconcertó a más de uno. El año pasado, el Ministerio de Cultura anunció un programa de dotación bibliotecaria para adquirir libros por 3,5 millones euros, un programa de adquisición similar al que estuvo en vigor en el periodo 2006-2011, una iniciativa que involucraba tanto a la Cámara del Libro como a Cegal (la confederación de libreros), para propiciar la compra de volúmenes y ediciones a las librerías de proximidad.
Las comunidades autónomas participarían también, con un aporte equivalente a 3,5 millones de euros. Así, ambas administraciones destinarían 7 millones de euros para la dotación de las bibliotecas públicas. La medida, que entró en vigor en enero, estaba llamada a reinsertar dinero a una de las redes culturales más desatendidas. A día de hoy, retomar esos programas o al menos medir sus resultados parece no sólo remoto, sino casi imposible, ya que pocas autonomías se han volcado en la actualización de esos datos.
