La llegada de José Manuel Rodríguez Uribes al Ministerio de Cultura desconcertó a un sector que jamás había escuchado mencionar su nombre. En su escritorio de Plaza del Rey se hacinaban un montón de temas enquistados, además de unas cuantas cifras y rémoras. Lo medular, sin embargo, se concentraba en tres temas: desde la Ley de Mecenazgo, aplazada sin gobierno ni presupuestos, pero también la reforma del INAEM o las condiciones de cesión de la colección Carmen Thyssen, aparcadas durante años a la espera de una respuesta.

La llegada de la covid, las dramáticas consecuencias económicas, sociales y humanas del confinamiento y la inminencia de la crisis económica agravarán las condiciones y la disposición del Ministerio de Cultura para atender tres asuntos que acumulan varias legislaturas de retraso, aunque sean de vital importancia para la mayoría de los gestores culturales. Es ahora cuando conviene retomarlas y repasar cuál es su estatus en el debate público y el trabajo parlamentario.

Colección Thyssen

Tras el aplazamiento, una vez más, de las negociaciones entre el Museo Thyssen Bornemisza y el Gobierno, un desenlace parece cada vez más remoto. El origen de la colección se remonta a mediados de los ochenta, cuando el barón Hans Heinrich formalizó un acuerdo con sus hijos para evitar la dispersión de la colección de su padre, que él había ido aumentando. De esa separación surgió la Colección Carmen Thyssen, que unida a la del barón Thyssen (y que fue adquirida por el Estado en 1993 por más de 44.100 millones de pesetas; es decir, 265 millones de euros), permite hacer un recorrido por la historia de la pintura europea desde sus inicios en el siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XX.

El préstamo de la colección de Carmen Thyssen se firmó en 1999 por diez años y se fue actualizando de forma anual desde 2011. En 2016 se renovó la cesión por seis meses y, desde enero de 2017 se han ido sucediendo distintas prórrogas, cada una de tres meses, y la última, que también ha sido de seis meses. Según Carmen Thyssen, su colección está valorada en mil millones de euros. El Estado tiene una valoración más modesta, que en su momento alcanzó los 500 millones de euros. Hasta comienzos de este año, antes del estallido de la pandemia, las negociaciones para asegurar la permanencia de la colección en el museo dependen directamente de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tal y como dijo hace un año el director del museo Guillermo Solana.

En esos días Carmen Thyssen aseguró que las negociaciones, cuyo último plazo concluía el pasado 30 de junio, se habían prorrogado "unos meses" y que estaba "contenta" con el desarrollo de las mismas. Solana reforzó la línea de esas declaraciones y subrayó el interés por que las obras continúen en la sede del museo. "Tita quiere que la colección siga y el Gobierno quiere que la colección siga (…) Lo que no sé es cuando o de qué manera se va a firmar ese acuerdo que estabilice esa continuidad, pero la voluntad está ahí. Lo que la baronesa quiere -ha dicho- es encontrar un acuerdo mejor para firmarlo por diez años o por más". El asunto sigue aún sin resolver. 

El INAEM... ¿para cuándo?

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte y de la ministra de Política Territorial y Función Pública, aprobaron en junio de 2018 un Real Decreto por el que se creaba el grupo de trabajo para la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y se derogaba además el Real Decreto 229/2018, de 20 de abril, para la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela. A los pocos días, el grupo acordó detener esa fusión, por considerar que afectaba al personal del teatro de la calle Jovellanos.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto aprobado esa semana, se pondría en marcha un grupo de trabajo, que tendría como objetivo el estudio de la reforma de los centros artísticos dependientes del INAEM, un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Cultura y Deporte. La intención sería la de adecuar muchos temas a la naturaleza de sus actividades, potenciando la labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales que tiene entre sus fines.

El grupo de trabajo debía analizar el régimen jurídico y organigrama más adecuados para los fines y actividades de las unidades de producción del INAEM; la dotación de recursos humanos y económicos; los mecanismos para la obtención de ingresos y recursos propios, como el patrocinio, el mecenazgo, las tasas y precios públicos; las modalidades de contratación del personal y los convenios y acuerdos laborales; la racionalización y organización del trabajo en sede y en gira;  la estructura retributiva; la difusión digital y retransmisión de los espectáculos o la modernización de las infraestructuras y equipamientos del INAEM, entre otros temas.

Entonces se aprobó por unanimidad reformar el INAEM a través de una ley propia que regulara sus fines y sus medios y presentó la propuesta al entonces ministro de Cultura José Guirao en diciembre de ese mismo año. La reforma, sin embargo, continúa en el aire. Casi veinte instituciones dependen del INAEM: el Auditorio Nacional de Música, Ballet Nacional de España, Centro Dramático Nacional, Centro Nacional de Difusión Musical, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta y Coro Nacionales de España y Teatro de la Zarzuela.