El Juzgado de Instrucción número dos de Padrón (A Coruña) desestima el recurso interpuesto por Marina Castaño para el cierre de la instrucción del caso en que le imputa un presunto delito de malversación."Existen indicios de que Marina Castaño en el ejercicio de su cargo como presidenta de la Fundación empleó dinero público para usos distintos para los que fue concedido", asegura el auto del pasado 9 de marzo, el juzgado confirma, en todos sus puntos, la decisión adoptada el 15 de febrero de 2016, por el que se acordó la transformación de las presentes diligencias previas en el procedimiento del Tribunal del Jurado.
"Existen indicios de que Marina Castaño en el ejercicio de su cargo como presidenta de la Fundación empleó dinero público para usos distintos para los que fue concedido", asegura el auto.
El documento se refiere al caso por el que Marina Castaño, viuda del nobel, fue citada a declarar como imputada el 12 de noviembre de 2014, y que la implica en el uso de los ingresos por devolución del IVA de la Fundación que preserva el legado y memoria del escritor para un uso distinto de las actividades de la institución. El auto por el que en su día fueron imputados Marina Castaño y el otrora gerente de la citada Fundación Tomás Cavanna acabó extendiéndose a Dositeo Rodríguez, que dimitió del Consello de Contas, y a su hija Covadonga Rodríguez.
En febrero de 2016 Castaño recurrió el auto con el que las diligencias previas debían transformar el caso en un procedimiento del Tribunal del Jurado. Sus argumentos se basaban en el hecho de que Castaño consideraba que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el delito de malversación de caudales públicos debe ser cometido por un funcionario público. El juzgado descarta este razonamiento porque dice que el auto "se limita a transformar el procedimiento" y recuerda que, según la documentación, "la Fundación Camilo José Cela percibió dinero público que no fue destinado para el fin para el que fue concedido". Así, el proceso habrá de serguir su curso de cara al juicio por parte del un Tribunal.
Marina Castaño lleva ya más de dos años entre juzgados. Primero fue por un tema de sucesión: los 5,2 millones de la herencia del Premio Nobel Camilo José Cela, que debían de ser devueltos al hijo del escritor. El otro, y nada sencillo asunto que la coloca de cara a la justicia es mucho más serio. La viuda del autor de La colmena, la periodista Marina Castaño, afronta desde noviembre de 2014 la imputación acusada por la Fiscalía de los posibles delitos de malversación de fondos públicos, estafa, apropiación indebida y fraude.
El tema estalló por una denuncia particular relacionada con irregularidades con la Sociedad Lengua y Literatura AIE, una sociedad constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela y un 20% por Marina Castaño
El tema estalló por una denuncia particular relacionada con la Sociedad Lengua y Literatura AIE (Agrupación de Interés Económico). Se trata de una sociedad constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela y un 20% aportado por Marina Castaño a través de otra sociedad que dirige desde su propia vivienda, denominada Letra y Tinta, y la cual, según la querella, pudo haber gestionado las subvenciones de la Fundación Cela y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido "grandes cantidades de dinero en concepto de devolución de IVA", tal y como indica el documento.
En la denuncia presentada en 2014 también se indicaba que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que pagaba sus salarios, "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela", uno de ellos incluso en el propio domicilio madrileño de Castaño. La Fiscalía argumentaba que el empleo de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal, aunque ejercían su trabajo en el ámbito privado, "era una práctica habitual desde hace algunos años" y que Marina Castaño lo seguía haciendo.
La Fiscalía sostenía en su denuncia que, a raíz de sus investigaciones, Lengua y Literatura AIE "pudiera encubrir devoluciones de IVA" y tener la finalidad de cargar los gastos de la fundación, de forma que actuaría como una sociedad interpuesta. Así, consideró que "al menos, en inicio, quedan acreditados parte de los hechos denunciados", por lo que propuso judicializar las diligencias y ya en 2012 planteaba que se tomase declaración "en calidad de imputados" tanto a Marina Castaño como a Tomás Cavanna.
La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012
La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, en los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, relevó entonces a Marina Castaño en la presidencia del patronato de la fundación.
Una denuncia tan antigua, que salpica hasta los muertos
Los indicios que sostuvieron en 2014 la denuncia del fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, contra la segunda esposa de Camilo José Cela ya habían sido remitidos ocho años antes por la fotógrafa Lola Ramos -vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución que homenajea al Nobel gallego- a Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta de Galicia.
“Tomo nota de sus reflexiones sobre la Fundación Camilo José Cela, pues estoy convencido de que el objetivo que perseguimos todos, aunque como es lógico cada uno con sus ideas, es preservar la memoria y difundir la obra de uno de los escritores gallegos más universales”. Así contestó Fraga en una carta que envió a Lola Ramos y que fue publicada por la periodista Silvia R. Pontevedra en 2012. En aquella respuesta escrita, el entonces presidente de la Xunta daba acuse de recibo al primer dossier sobre las supuestas irregularidades en la Fundación Camilo José Cela.
Los indicios de la denuncia por supuesta malversación en 2014 ya habían llegado a oídos de Manuel Fraga, quien no tomó ninguna medida porque la institución tenía sus propios estatutos
Corría el año 2004, apenas dos desde la muerte del escritor, y ya saltaban chispas en la institución que preservaba su obra y su memoria. Justamente en ese tiempo, Juan Carlos Cela Trulock, hermano del Premio Nobel de Literatura, escribió también una carta a Fraga, para que hiciera uso de "su autoridad moral y su prestigio" para recomendar que fuese Camilo José Cela Conde, hijo del escritor -el mismo a quien el Tribunal Supremo reconoció el derecho a percibir dos terceras partes de la herencia de su padre, 5,2 millones de euros-, el que presidiera la Fundación, en lugar de Marina Castaño.
"Creemos que doña Marina Castaño -viuda del escritor- no es la persona intelectualmente adecuada para dirigir la Fundación CJC", afirmaba Cela Trulock en esa carta, que fue publicada por la agencia Efe el 25 de octubre de 2004, y en la que el hermano del novelista aseguraba a Fraga que "la razón principal" para dirigirse a él "es el deterioro de la imagen de la Fundación Camilo José Cela y las irregularidades que se han sucedido", refiriéndose justamente a las denuncias hechas por Lola Ramos, quien había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.
Fraga no intervino, al menos no a favor de los hermanos y del hijo de Camilo José Cela. El entonces presidente de la Xunta aseguró que la Fundación era una institución "con sus propios estatutos y un funcionamiento independiente, condicionada única y exclusivamente por lo que estiman más conveniente sus patronos, decisiones que debemos respetar y respaldar", es decir, él no podía modificar lo que se había dispuesto tras la muerte del Premio Nobel, en enero de 2002, cuando el Patronato, del que forman parte José Luis y Ana Cela, hermanos del Nobel, eligió por unanimidad a Marina Castaño como presidenta. Tras la intervención de la Fundación en 2012 a causa del severo déficit en sus cuentas, el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, relevó entonces a Marina Castaño en la presidencia del patronato de la fundación.
