En las costas del mar de Andamán, en Tailandia, se estableció hace unos años un área para proteger los ricos ecosistemas coralinos y submarinos de la mano del hombre. Pero esta medida ambiental, cargada de buenas intenciones, tuvo unas consecuencias inmediatas y directas en la población local. Los pescadores indígenas de la comunidad Moken no pueden pescar en estas aguas y no tienen ningún otro medio de subsistencia. “Tienen que robar del mar para buscarse la vida”, asegura el investigador Nathan Bennett. “Han vivido aquí durante diez generaciones pero no tienen elección… Todo lo que hacen es ilegal”.
La oposición por parte de estas comunidades locales en Tailandia contra las medidas de protección ambiental no ha dejado de crecer en los últimos años. Y es una situación que se repite a lo largo y ancho del planeta en tanto que las políticas para salvar el medio ambiente se olvidan de las personas que habitan en esos lugares desde hace siglos y viven de sus recursos. En el año 2004, pescadores de las islas Galápagos secuestraron a un grupo de científicos y tortugas centenarias para protestar por las medidas que les impedían vivir de los recursos marinos ante el aumento de la población, los indios Rapa Nui, de la isla de Pascua, llevan años protestando contra la declaración de aguas protegidas en su territorio que les impide alimentar a sus familias y contra las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la conservación que certificó hace unos meses la enviada especial de la ONU a la zona. En el archipiélago de las islas Chagos, en el océano Índico, los británicos expulsaron a la fuerza a las comunidades locales durante las décadas de 1960 y 1970 y en 2010 crearon un área marina protegida que, según un tribunal arbitral de la ONU, viola la ley internacional y atenta contra los derechos de sus pobladores originales. Y en Sudáfrica sucede algo parecido, donde gobiernos y ONGs han declarado zonas protegidas y los guardias disparan a los pescadores locales para protegerlas.
Bennet y su equipo acaban de publicar un artículo en la revista Marine Policy en el que denuncian estos y otros abusos y llaman a crear un código de conducto sobre la protección marina que tenga en cuenta no solo los recursos naturales, sino también a las personas. “A menudo el impacto de las áreas marinas protegidas puede dañar los derechos de las personas o impedirles que continúen con su modo de vida”, explica Bennet. “En casos extremos, pueden afectar a los derechos humanos”, añade. “Hay un peligro real de que al defender la conservación marina se promuevan injusticias sociales o actos inapropiados, incluyendo aquellos que llevan al desplazamiento, la violencia, la marginación y la pobreza”.
“Han vivido aquí durante diez generaciones pero no tienen elección… Todo lo que hacen es ilegal”
Al mismo tiempo, defienden los autores del artículo, no cabe duda de que la protección de las áreas marinas es imprescindible para la conservación de los recursos de los que viven estas comunidades y aplauden el programa de la onus que establece como meta sostenible la declaración del 10 por ciento de los océanos como zonas protegidas para el año 2020. “Esto es urgente”, insiste Yoshitaka Ota, coautor del estudio. “Necesitamos acciones razonadas para conservar el medio marino, pero tenemos que hacerlo de manera justa, con respeto a los modos de vida de los pescadores, la soberanía y la dignidad”. La clave”, asegura Lydia Teh, otra de las autoras, es “estar allí” y comprender a la gente, sus derechos y necesidades”. Para Bennet, todo se resume en generar los códigos para llevar a cabo políticas de conservación responsables. “Este trabajo es el primer paso de un proceso más largo para desarrollar un código de conducta legitimado y reconocido”, concluye. “Es una inversión importante que la comunidad conservacionista tiene que priorizar”.
Referencia: Why local people do not support conservation: Community perceptions of marine protected area livelihood impacts, governance and management in Thailand (Marine Policy) | Más info: Marine conservation must consider human rights: An appeal for a code of conduct (Nereus Program)
