El fútbol español irá a la huelga si el gobierno no satisface las peticiones de la Real Federación Española de Fútbol y del sindicato AFE, disconformes con la tramitación del decreto ley de venta centralizada de derechos que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado jueves.
El ultimátum es de diez días, tiempo en el que el gobierno tendría que cambiar el decreto si no quiere ver como se para el fútbol. La huelga, que será indefinida y empezará la próxima semana, coincidiendo con la penúltima jornada del campeonato, estará respaldada por la AFE y también por los árbitros y el fútbol modesto. No creen que el nuevo reparto televisivo sea beneficioso para sus intereses y, además, creen que la manera en la que se han llevado las negociaciones ha sido incorrecta, al no contar con sus opiniones para la tramitación. La AFE, que tuvo junta directiva previa a la reunión federativa, concluyó que era "pésimo" el nuevo reparto. Aseguran que en el nuevo decreto, que modifica la Ley del Deporte, se pierden garantías jurídicas sobre los salarios de los futbolistas
Consideran que la división que asegura un 90% de los derechos para la Primera División y un 10% para la Segunda es excesiva y piden que el decreto contemple obligaciones de los clubes con los jugadores, extremo no aplicado en la actual norma.
La RFEF se une a las peticiones de la AFE, aunque los motivos no son exactamente los mismos. La federación sí que motiva su decisión por las inspecciones que la Seguridad Social está haciendo al fútbol modesto. Creen que los puestos poco remunerados, como los de monitor o técnico de juveniles, no deberían tener que declarar a autonomos. La normativa lleva muchos años puesta en marcha, pero solo ahora ha empezado a inspeccionar el tema lo que ha supuesto un menoscabo para la economía de muchos clubes humildes. La AFE no contempla esto como motivo para su reclamación.
También añade la federación el problema del dinero de las Quinielas, que fue retirado por el CSD al no haber justificado las inversiones que se hacían con él y, por último, recuerdan que el gobierno no puede injerir en los asuntos federativos, cuestión por la que ya se han quejado a la FIFA en diversas ocasiones y que puede terminar resultando muy grave para el fútbol español. En realidad, los motivos de la RFEF no se concretan en esta huelga, llevan varios meses ya encima de la mesa y ahora los añaden en la petición como parte de un rosario habitual de conflictos.
El principal enemigo de Villar es el CSD, que sale muy mal parado del comunicado de la huelga. En uno de sus puntos se afirma que lo hecho por el gobierno es "una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado". Creen que han sido "expropiados de ciertos derechos básicos, entre otros, la titularidad del audiovisual" acusan al Gobierno de "utilizar el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD para otras actividades ajenas al fútbol".
También se rebelan contra el sistema de subvenciones, que establece donde debe ir el dinero público: "El Gobierno impone la función de “carteros” de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, por lo cual la RFEF no percibe nada del manido 1%"
La junta directiva de la RFEF fue tensa, pues en ella también están representados los clubes profesionales, que están muy a favor del decreto. Es más, todo este articulado legal ha surgido de las entrañas de la LFP y es una de las promesas más fuertes de su presidente, Javier Tebas. Villarreal, Getafe, Valladolid, Tenerife y Las Palmas decidieron marcharse de la reunión al no estar conformes con los temas que se estaban tratando. El resto de clubes representados se limitaron a abstenerse en la votación.
El Consejo Superior de Deportes respondió a los dos organismos por medio de un comunicado. La secretaría de Estado para el Deporte no entiende lo que considera un cambio repentino de posición por parte de la AFE, que según ellos apoyaba e incluso reclamaba la centralización de derechos televisivos. El CSD asegura que el decreto ha supuesto "el mayor logro histórico en la defensa de los intereses de los futbolistas y clubes". Cuentan que han tardado 20 años en poder tramitar esta ley y recuerdan que que ambas asociaciones "demandaron al Gobierno una solución urgente para negociar los derechos televisivos en un marco estable, transparente y de optimización económica".
El comunicado cuenta que el 70% de los ingresos del fútbol van a parar a nóminas de futbolistas, por lo que estiman que la opción de llegar a 1.000 millones de euros de ingresos gracias a la nueva norma solo ayuda a los intereses de los jugadores. Además permitirá a los clubes actualizar sus pagos a Hacienda, lo que saneará las cuentas del fútbol español redundando en beneficio de todos.
El CSD deja también varios dardos a la RFEF. Primero defiende que el nuevo marco legal revierta en otros deportes, una de las quejas de la RFEF en su comunicado. Que haya 4.000 deportistas que se puedan beneficiar del dinero del fútbol es algo que el CSD ve bnecesario y la RFEF contraproducente. En su último punto afirman que todas las reclamaciones adicionales de la federación no son más que "excusas" para justificar "un enfrentamiento continuo" y que su único objetivo es "que tiene como única base el interés de la RFEF en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley".
