La Federación Española de Pelota (FEP) hizo oficial este pasado jueves su decisión de iniciar acciones legales contra lo que califica como un "atropello nacionalista de Euskadi", tras la controvertida decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de reconocer oficialmente a la Federación Vasca y a la selección de Euskadi para participar llibremente en todas las competiciones internacionales.
El anuncio llega después de que, el pasado 28 de diciembre, la Asamblea General de la FIPV, celebrada en Iruña (Pamplona), aprobara la medida en un procedimiento que la FEP denuncia como algo "viciado de pleno derecho" y "opaco e irregular". Según Julián García Angulo, presidente de la Junta Gestora de la Federación Española, los acuerdos adoptados en la asamblea serán recurridos ante los tribunales españoles, así como también ante el propio Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en breves.
En un comunicado oficial, la FEP aseguró que cuenta con el respaldo unánime del deporte español. Este mismo jueves 2 de enero, durante una reunión celebrada en el Comité Olímpico Español (COE), el presidente del organismo, Alejandro Blanco y el secretario general de la Asociación del Deporte Español (ADESP), Vicente Martínez, ofrecieron su apoyo total a las acciones legales anunciadas por la Federación.
"El deporte no puede tolerar maniobras que, usando procedimientos disciplinarios irregulares, busquen excluir a España de decisiones internacionales clave", expresó García Angulo, señalando que las sanciones disciplinarias impuestas a su persona durante el procedimiento incumplen la normativa de la Federación Internacional.
La Federación España de Pelota (FEP) emprenderá ahora acciones legales | FEP
Así, la Federación Española acusa a la FIPV de actuar de manera deliberada para minimizar la oposición española; una clara falta grave de transparencia y legalidad.
Una estrategia legal y demandas
El jurista especializado en derecho deportivo Gonzalo Jiménez Illana liderará la defensa jurídica de la FEP, que pretende garantizar que los derechos de España como miembro fundador y de pleno derecho de la FIPV sean protegidos. "Es esencial que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ejerza un criterio de prudencia y no ratifique ningún acuerdo derivado hasta que se agoten todas las instancias legales", señala.
La FEP considera especialmente grave que la Asamblea se celebrara en territorio español y se recurriera a un procedimiento irregular para excluir al representante de España de una votación crucial en el panorama deportivo internacional. "Esto evidencia una absoluta falta de transparencia", recalcan desde la Federación.
La gravedad de este conflicto ha trascendido el ámbito deportivo. Javier Trigo, representante de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Junta Directiva de la Federación Española, presentó su dimisión inmediata como vicepresidente en protesta por lo que califica de "atropello". "Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del deporte español y con la justicia, la legalidad y los principios del movimiento olímpico", concluyó García Angulo en el comunicado.
