Las remuneraciones totales de los asalariados de las sociedades no financieras privadas crecieron un 2,3% hasta marzo, es decir, tomando sólo los primeros quince días de la pandemia antes del cierre de las empresas no esenciales y como consecuencia de la desaceleración económica que ya se advertía antes del estado de alarma. Mientras, los salarios de los empleados públicos aumentaron el doble en ese periodo, hasta el 4,6%.
Estas cifras, en favor del sector público, se habrán distanciado aún más en el segundo trimestre ya que la mayor parte del ajuste laboral en las empresas privadas, mediante ERTES, despidos y reducción de sueldos, se produjo entre abril y mayo. Sin embargo, en las Administraciones no se ha realizado ajuste alguno, ni siquiera temporal, para amortiguar al menos los efectos del necesario aumento de gasto de las contrataciones en el sector sanitario que se han empezado ya a rescindir. Hace un año, como consecuencia del aumento del empleo y también de los salarios (sin desaceleración ni pandemia), el aumento de masa salarial pública crecía a un ritmo del 5,9% mientras que la de las empresas privadas era del 5,4%. Estas cifras ponen en evidencia de nuevo la dualidad del mercado laboral español entre empleo público y privado y la aplicación o no de la reforma laboral en los primeros coletazos del virus.
Según los últimos datos de la Contabilidad Nacional de las cuentas no financieras trimestrales, la masa salarial del sector público, es decir, lo que le cuesta al empleador (sueldos y salarios en efectivo y en especie así como las cotizaciones sociales), alcanzó en el primer trimestre de 2020 los 31.030 millones (1.350 millones más que hace un año con un aumento del 1,1% del empleo) frente a, por ejemplo, los 23.135 millones al inicio de la crisis económica en 2007. Es decir, el coste en estas retribuciones ha crecido en términos nominales en más de 8.000 millones (34% más) en estos 13 años 2007 y es ya el doble que, por ejemplo, en el año 2000.
Este nuevo rebote es como consecuencia del aumento permanente de la plantilla pública y del incremento salarial del 2% en este año, que puede llegar al 2,3% si se incluye los fondos adicionales previstos, y sobre todo de la seguridad laboral. Según los datos oficiales, a la Administración Central se le han disparado los gastos de personal de los organismos dependientes de los ministerios (donde suelen acumularse las contrataciones a dedo) hasta el 8,3% en este primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
El alza salarial en la función pública desde 2018 es del 6,25%
El alza en las autonomías, ante de las contrataciones de personal sanitario para combatir la pandemia, es del 5,1% con la particularidad de que en Andalucía, en la que el PP había prometido poner orden, se ha disparado un 9,8%. Mientas, en Navarra sube un 9,5% y, por ejemplo, crece un 8,3% en Canarias y se acerca al 8% en Castilla y León. Por su parte, en los ayuntamientos la subida se acerca al 5%.
El alza salarial acumulada en la función pública desde 2018 es del 6,25% frente a la inflación negativa registrada, sin embargo, el aumento de la masa salarial es del 13% y alcanza el 20% desde que la economía empezó a crecer en 2014. Es la diferencia entre lo que suponen porcentualmente las subidas salariales y lo que cuestan en realidad al empleador (contribuyente). También ha influido en los últimos años la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado con respecto a los autonómicos, pero ahora surgen más reivindicaciones de otros colectivos públicos, desde el sector sanitario al militar.
Las Administraciones acumulaban 3.248.000 nóminas en este primer trimestre de 2020, a sólo 19.000 del récord histórico en 2011
Este gasto total en personal superó en 2019 los 134.000 millones, un 5% más que un año antes, frente a los 107.000 millones que se empleaban al inicio de la crisis económica. Por tanto, el gasto en nóminas públicas ha subido en 12 años un 25% (27.000 millones más) sin que se haya controlado en momento alguno el déficit público (y con una deuda estatal multiplicada por tres) mientras que ha aumentado el número de empleados en 278.500 según datos de la EPA (un 9,4% más).
Todo ello, se ha producido coincidiendo con un incremento sustancial de la inversión pública en una Administración on line y en procesos telemáticos que se supone debería reducir la carga administrativa. Según el Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, la masa salarial de las Administraciones Públicas crecerá en 2020 un 6,1%, es decir, se va a situar por encima de los 142.000 millones, que equivalen a la totalidad de la recaudación por IRPF y una parte sustancial de la de IVA. Las Administraciones acumulaban 3.248.000 nóminas en este primer trimestre de 2020, a sólo 19.000 del récord histórico en 2011 cuando alcanzaron las 3.269.500 tras un crecimiento de más de 300.000 en los primeros años de la crisis (la masa salarial llegó a crecer un 33% en cuatro años) ya que los partidos, sobre todo en las autonomías, incorporaron a ‘los suyos’ al sector público mientras que en el sector privado se aceleraba la sangría laboral.
Sector privado
¿Qué ha ocurrido en el sector privado? Las remuneraciones totales de los asalariados de las empresas no financieras privadas se situaron en el primer trimestre en 89.803 millones, sólo un 2,3% más que hace un año (con un aumento del empleo del 1,3%). Se trata del incremento más bajo desde 2015 cuando el crecimiento positivo de la economía empezó a elevar el empleo y no tanto los sueldos. A finales de 2019 la masa salarial de estas sociedades, donde se concentra la mayor parte del empleo privado, alcanzó los 369.897 millones, es decir, un 5,2% más que en 2018 y un 11% más que al inicio de la crisis incluida la inflación. Lo que significa que el gasto en nóminas privadas ha aumentado en menos de la mitad del alza que se ha producido en las públicas (25%) desde 2007 como consecuencia de la pérdida de empleo (hay aún 813.000 asalariados menos, casi un 6% menos), de la precariedad y del ajuste salarial. Estas cifras serán sensiblemente inferiores en el segundo semestre y empeorarán si se acentúan los despidos y los ERTES acaban convirtiéndose en ERES en los próximos meses.
Por su parte, la masa salarial de las instituciones financieras (bancos y empresas de seguros) se situó en 4.821 millones entre enero y marzo de 2020, con un descenso del 3% respecto al mismo periodo del año anterior. En todo 2019 alcanzó los 19.965 millones (un 0,8% más que en el año precedente y un 10% menos que al inicio de la crisis). Mientras, en las instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares (desde asociaciones profesionales a clubs e instituciones de todo tipo) llegó a 11.309 millones en el primer trimestre de 2020, sólo un 0,2% más que hace un año. En 2019 la cifra se situó en 46.508 millones, un 2,2% más que en el año anterior y un 1,9% más que al inicio de la crisis en 2007.
La suma de estos cinco sectores institucionales conforman el conjunto de remuneraciones salariales de la economía española. De esta forma, en el primer trimestre de 2020 alcanzaron los 136.905 millones, un 2,5% más que hace un año, es decir, casi la mitad que el alza en las Administraciones Públicas. En todo 2019 se situaron en 570.333 millones (un 4,7% más que en 2018). De estas cifras, se extrae que casi uno de cuatro euros que gasta la economía española en España en salarios se destina a nóminas públicas. Es decir, la economía empleó más de 134.000 millones en 2019 en pagar las nóminas de 3,2 millones de asalariados públicos. Mientras, destinó 436.000 millones (75%) para abonar las de 13,3 millones de asalariados privados. En términos de coste individual, sale que cada nómina privada supone un gasto medio para el empleador de unos 32.000 euros mientras que el gasto para el contribuyente por cada sueldo en las Administraciones se acerca a los 42.000, es decir, casi un tercio más.
