El Gobierno todavía tiene una larga tarea por delante para desbloquear la totalidad de los 70.000 millones de los fondos europeos que puede recibir hasta 2026 en forma de transferencias no reembolsables. Por el momento, España ha recibido 19.000 millones (entre la prefinanciación y el primer pago) tras haber ejecutado los 52 primeros hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas.
Sin embargo, esto apenas representa el 12,5% de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en dicho Plan, de los que el 94% son reformas y sólo un 6%, inversiones. Es decir, que el Gobierno aún debe cumplir el 88% del acuerdo si quiere seguir recibiendo fondos. En concreto, tiene por delante el reto de aprobar otras 120 reformas y 244 inversiones. Una ambiciosa agenda que igual que el dinero, se divide en ocho tramos.
En 2022 está previsto que se reclamen otros 18.000 millones de los fondos europeos desglosados en dos desembolsos (uno de 12.000 millones y otro de 6.000). Si va cumpliendo los hitos y compromisos en plazo, en 2023 tendrá a su alcance otros 17.000 millones, de tal manera que concentrará un 80% de las transferencias no reembolsables en el primer trienio.
"Durante el primer semestre de 2022 se solicitará el siguiente pago de 12.000 millones de euros, sobre la base de las reformas e inversiones ejecutadas en esta parte final del año. Así, el ejercicio 2022 supondrá el logro de la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones y la aprobación y puesta en marcha de las principales reformas", asegura el Ejecutivo en el último informe publicado sobre la ejecución del instrumento comunitario.
Bruselas vigila que se cumpla
Cuando los hitos y los objetivos se consideran cumplidos, los Estados miembros informan a la Comisión Europea para que dé su visto bueno. En cualquier caso, Bruselas vigila de cerca el progreso de los Estados y se reúne trimestralmente con los representantes de los gobiernos, en este caso la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, para supervisar los avances logrados y comprometidos. Además, la CE puede solicitar encuentros adicionales para tratar cuestiones concretas.
Sánchez afronta la difícil tarea de sacar adelante en el Congreso cerca de 40 leyes (unas 15 de ellas deben estar en vigor antes de junio) que figuran en el acuerdo firmado con la Comisión. A diferencia de lo que ocurrió en Italia, donde el Plan de Draghi fue respaldado por el 85% del Parlamento, el Ejecutivo español no discutió su Plan de Recuperación con la oposición; por lo que el cumplimiento de estos hitos con carácter legislativo se antoja más espinoso.
Otro de los retos que el Gobierno tiene por delante es el arranque de los grandes proyectos estratégicos de los fondos europeos, que prometen tener una gran capacidad de arrastre para la economía y el empleo (conocidos como PERTEs) y que se suman a otras inversiones previstas. Hasta ahora se han anunciado siete y se han aprobado tres: el del vehículo eléctrico, el de salud y el de energías renovables.
Por si fuera poco, el Gobierno pretende amarrar este año otros 70.000 millones en préstamos reembolsables que se cargarán a los Presupuestos de 2023 y para los que deberá aprobar otro Plan, con más hitos y objetivos a cumplir. Para ello tendrá que identificar potenciales proyectos e inversiones a financiar con estos fondos europeos, lo que determinará la cantidad final de préstamos a solicitar.
Además, los 70.000 millones a fondo perdido con los que España cuenta no son inamovibles. Estas cifras serán revisadas en la primera mitad de 2022, con el fin de determinar la asignación definitiva a cada Estado miembro en función del cumplimiento de los citados compromisos. En el foco estarán la reforma laboral, la de las pensiones o la tributaria, con las que el Ejecutivo comunitario deberá quedar satisfecho.
