La polémica en torno al almacén de gas Castor sigue inquietando a ACS pese a que el grupo de construcción y servicios considera que no tendrá impacto alguno en sus balances. Sin embargo, puede que no suceda lo mismo con su imagen, hasta el punto de que la compañía que preside Florentino Pérez ha decidido ponerse la venda antes de padecer la herida. ACS ha alertado a la comunidad inversora sobre la repercusión que tendrá para su reputación la decisión que finalmente tome el Gobierno para solucionar el problema provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización que, en su día, percibió Escal (participada en un 66% por la compañía) por revertir al Estado la concesión.
Recientemente, ACS llevó a cabo su primera emisión de bonos verdes. En el folleto de la operación, la compañía hace una llamada de atención sobre la repercusión que podría tener para su nombre el desenlace de la situación en la que actualmente se encuentra el caso del Castor.
El fallo del Constitucional llevó al Gobierno a suspender de inmediato los pagos que estaba llevando a cabo a las tres entidades financieras (Santander, Caixabank y Bankia) que ostentan los derechos de cobro de la deuda del proyecto.
En el citado documento, ACS apunta que la solución para este caso pasa por la aprobación de un nuevo documento legislativo para articular la manera de llevar a cabo el pago pendiente y advierte de que este proceso "podría ocasionar un daño reputacional al Grupo si se establece en los medios de comunicación una conexión entre este hecho y la sociedad concesionaria del Castor, Escal (una compañía en la que el Grupo tenía una participación)".
Las críticas de los medios
Después de que Escal decidiera renunciar a la concesión del Castor, debido a los casi doscientos movimientos sísmicos provocados por su puesta en operación, el Gobierno compensó de forma meteórica a la sociedad, en apenas 35 días, a través de un Real Decreto, un instrumento que el Constitucional consideró injustificado, por lo que decidió anular la indemnización.
La forma de revertir la concesión por parte del Gobierno ocasionó multitud de críticas en los medios de comunicación tanto al Ejecutivo como a ACS, a la que se acusó de haber sido favorecida debido a las buenas relaciones de Florentino Pérez con Moncloa. El Real Decreto establecía, además, que la compensación de 1.350 millones de euros para Escal sería sufragada por el sistema gasista, es decir, por todos los consumidores de gas vía recibo.
Tras el fallo del Constitucional y la correspondiente suspensión de los pagos, los bancos que ostentan los derechos de cobro han reclamado al Estado la correspondiente compensación. Por el momento, el Gobierno aún no se ha pronunciado, toda vez que espera el dictamen del Consejo de Estado, en cualquier caso no vinculante.
Sin embargo, todo parece indicar que la única salida para esta situación es aprobar una nueva ley que regule el pago. Un episodio que volverá a recordar a los ciudadanos la veloz compensación a Escal y el hecho de que la sociedad participada por ACS no haya hecho frente a su responsabilidad por los posibles daños medioambientales causados por la operativa del Castor.
