El Tribunal de Cuentas ha detectado, después de fiscalizar 500 contratos públicos que adjudicó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2016, que un 42% de ellos por un valor conjunto de 227,8 millones de euros fueron negociados sin publicidad, según un informe publicado este lunes por ese organismo.
En total, los ministerios de las áreas político-administrativas de ese Ejecutivo (Asuntos Exteriores, Defensa, Educación, Interior, Justicia y Presidencia y Administraciones Territoriales -AA.TT.-) celebraron 3.464 contratos públicos en el año 2016 por valor de 1.111,29 millones, de los que sólo 500 fueron remitidos al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, por un valor total de 687 millones.
Además de esos 500 contratos (de los que sólo un 66% se remitieron en plazo), el Gobierno tenía obligación de haber enviado otros 330 expedientes de los que no informó al Tribunal de Cuentas. De los 500 contratos de los que sí informó, 209 fueron negociados sin publicidad, es decir, sin que se publique previamente un anuncio de licitación.
Este procedimiento está permitido: cuando tras un proceso abierto no se haya presentado ninguna oferta adecuada, cuando el contrato se declare secreto o reservado por asuntos de seguridad, cuando exista "una imperiosa urgencia" o cuando se trate de una entrega adicional efectuada por el proveedor inicial de un servicio.
"En relación con el procedimiento negociado sin publicidad se ha de precisar que, al ser un procedimiento que restringe los principios de concurrencia y de publicidad, el recurso al mismo ha de ajustarse escrupulosamente a los supuestos legalmente establecidos, debiendo quedar perfectamente acreditados en el expediente los motivos que justifican su empleo", advierte el Tribunal en su informe.
Se consideran "área de riesgo"
Este organismo reconoce que los procedimientos negociados sin publicidad constituyen una "área de riesgo", por lo que se han analizado también los que tienen menos importe.
Existen contratos negociados sin publicidad en todos los ministerios y de distinta naturaleza, aunque destacan por numerosos los de limpieza, repuestos de motor, catering y transporte. En algunos de ellos el Tribunal constata una incidencia al haber elegido este tipo de tramitación, sobre todo porque no se argumenta a qué se debe la "extrema urgencia" para contratarlos por esta vía.
También se han adjudicado sin publicidad la adquisición de un cifrador tácnico para operaciones de mantenimiento de la Paz, la compra de armas (ametralladoras, cascos de combate, 158 pistolas semiautomátcias y 470 fusiles), suministro de combustible de automoción, gasóleo para calefacción o vigilantes de seguridad con armas para la Unidad Central Operativa -Policía Judicial de la Guardia Civil-.
La mayor parte de los contratos salieron del Ministerio de Defensa (273 contratos, por 389,3 millones), seguidos a distancia por los del Ministerio de Interior (119 contratos, por 162,3 millones), el Ministerio de Justicia (24 contratos por 58,6 millones), Educación, Cultura y Deporte (60 contratos, 38,6 millones), Presidencia y AA.TT. (13 contratos, 33 millones) y Asuntos Exteriores y Cooperación (11 por 5,19 millones).
