La Comisión Europea formalizará en el mes de septiembre su demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aplicar un sistema de control de las declaraciones de los contribuyentes sobre sus bienes en el extranjero que, entiende el organismo con sede en Bruselas, no se ajusta al derecho comunitario, según apuntan fuentes conocedoras.
"Si no es en septiembre, será en octubre, pero será pronto, y una vez formalizada la denuncia, Hacienda, a buen seguro, empezará a guardarse este arma de destrucción masiva en el cajón", asegura a este medio el abogado del despacho DMS Consulting, Alejandro del Campo, impulsor de buena parte de las acciones judiciales contra las sanciones de Hacienda en relación al llamado modelo de declaración 720, en vigor desde el año 2013, y que afecta a los bienes en el extranjero de más de 50.000 euros y a actualizaciones patrimoniales superiores a los 20.000.
El ente jurídico con sede en Luxemburgo tardaría un año y medio o dos en deliberar, según las fuentes consultadas. Ello daría cierto margen a Hacienda para tomar una decisión, aunque la sola demanda formal podría tener igualmente impacto en la "abundante litigiosidad" que hay ya al respecto.
"Me consta que la Comisión Europea, en su demanda, irá por todo el sistema de multas, y creo que, una vez formalizado el escrito, el ministerio frenará su actividad"
Hacienda ha multado ya a más de 5.000 contribuyentes por este asunto y muchas de las sanciones han sido recurridas. Las multas por la no declaración o declaración deficiente de los bienes en el extranjero amenazan a un universo superior a los más de 156.000 millones de euros en bienes en el extranjero aflorados hasta ahora.
Según ha defendido la propia Comisión Europea, el sistema de multas ignora cualquier prescripción y da pie a sanciones "desproporcionadas y discriminatorias" que "pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único": llegan hasta un 45% de lo "no declarado" en concepto de IRPF y/o sanciones de Sociedades; un 150% de la cuota no declarada y hasta 5.000 euros por cada dato no declarado (por cada cuenta se han declarar cinco datos; por cada inmueble, cuatro, y por cada valor, dos). El premio a quien asuma voluntariamente su error es no recibir la sanción extra del 150%.
Así las cosas, un contribuyente, cita Del Campo, llegó a recibir una sanción de 3,9 millones de euros por no haber declarado bienes por valor de 440.000.
"No existe en nuestro ordenamiento tributario un régimen sancionador tan desmesurado. Lo ha dicho la propia Comisión Europea en un impecable informe", ha apuntado por su parte a este medio Beatriz Ladero, de Lifeabogados, una línea que también han defendido desde el despacho Garrigues.
Litigiosidad
Muchas de las multas han sido así recurridas primero ante los diferentes tribunales de lo económico-administrativo. Las primeras resoluciones, explican fuentes conocedoras, empezaron a salir en el año 2018 y ofrecían fallos encontrados. Algunos entendían que las multas de Hacienda se ajustan a derecho y otros, que las mismas precisan de un mayor esfuerzo de la Administración a la hora de justificar la culpabilidad del contribuyente para recibir semejantes sanciones.
Así, los contribuyentes extendieron sus reclamos a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades - que también ha emitido posturas divididas, con algunos, como el de Castilla y León, poniendo en duda la constitucionalidad de las sanciones - y la propia Audiencia Nacional. A cuenta de un proceso en este órgano judicial se acabó conociendo, a finales del pasado año, el "Dictamen Motivado" con el que la Comisión Europea solicitó a España un cambio en la normativa en febrero de 2017 alegando que el sistema de multas español vulnera hasta cinco libertades protegidas por el derecho comunitario, entre ellas, la libre circulación de bienes y capitales.
La Comisión Europea solicitó un cambio en la normativa ya en febrero de 2017
En respuesta a las quejas de Europa, la Administración española "aflojó" el número de sanciones pero sigue ejecutándolas "con francotirador", dice Del Campo. "Las inspecciones ya no son tan automáticas como antes pero conozco casos muy recientes de personas que han declarado más de un millón de euros y han tenido rápidamente una inspección", afirma el abogado. "Me consta que la Comisión Europea, en su demanda, irá a por todo el sistema de multas, y creo que, una vez formalizado el escrito, el ministerio frenará su actividad; con el recurso formal investigado por el Tribunal Europeo en la mano, los demandantes tendrían más razones que nunca para recurrir las multas y/o frenar los procesos".
A preguntas de este medio, desde Hacienda evitan precisar si se plantean cambios ante la demanda europea pero afirman a la vez que "ahora estamos en funciones y nada podemos hacer". Fuentes jurídicas advierten de que una sentencia del Tribunal Europeo podría tener además efectos retroactivos.
