El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha advertido de que el déficit de la Seguridad Social será del 1,7 % del PIB este año y ha dicho que mantener el poder adquisitivo de las pensiones supone un déficit adicional de 10.000 millones de euros. Escrivá comparece en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y ha asegurado que para volver al equilibrio financiero las pensiones deberán revalorizarse sólo el 0,25 % hasta 2022.
Ha afirmado que de mantenerse el desequilibrio de la Seguridad Social durante el periodo 2013 a 2022 y con una inflación media del 1,8 %, a partir de 2018, la pensión corriente reduciría su poder adquisitivo en torno a un 7 % mientras que la tasa de sustitución (relación entre pensión media y salario medio) se estabilizaría.
Ha explicado que, sin medidas adicionales y pese a la mejoría de la economía, el desequilibrio de la Seguridad Social se mantendrá en un déficit del 1,5 % del PIB durante cinco años y ha añadido que la previsión de alcanzar el 1,4 % este año "una vez más lo tiene muy difícil".
También ve difícil que el déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas baje del 2,5 % del PIB en 2019, y que la Seguridad Social será responsable del 60 %. El presidente de la AIReF ha señalado que la única forma de hacer frente a este desequilibrio de la Seguridad Social sería aportando al sistema unos 15.000 millones de euros en los próximos siete años, bien con transferencias del Estado o aumentando las cotizaciones o reduciendo el gasto.
A partir de ese momento se produciría el reequilibrio del sistema y la revalorización de las pensiones por encima del mínimo del 0,25 %. Ha incidido en que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 ha estabilizado la pensión media con el salario medio y ha afirmado que según sus estudios supondrán una contención del gasto en torno a 5 puntos del PIB en 2050, unos 50.000 millones de euros.
A largo plazo, Escrivá ha pedido actuar con prudencia y con estudios profundos sobre la evolución de la población, los flujos migratorios y la tasa de ocupación, ya que de ello dependerán las actuaciones de los agentes económicos y sociales y permitirá despejar incertidumbres. Además, ha insistido en que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe involucrarse más y proyectar números de forma realista y transparente.
