Un ajuste de 10.000 millones entre 2017 y 2018. Es lo que exige Bruselas a España a cambio de una tregua de dos años para salir del procedimiento de déficit excesivo y dejar el saldo por debajo del 3%. Y tiene que ser un ajuste estructural, de los que vienen para quedarse. La abultada cifra obligará al próximo Gobierno a tomar medidas que afecten a los ingresos y a los gastos, lo que implicará, casi seguro, una subida fiscal. Y lo cierto es que España tiene margen para subir los impuestos: la presión fiscal, que mide el nivel de impuestos y cotizaciones de un país, es muy inferior a la de algunas de las grandes economías de la UE y está por debajo de la media Europea.
En concreto y según los últimos datos oficiales de Eurostat, la oficina estadística europea, la presión fiscal española se situó en el 34,4% en el año 2014, por debajo de la media de la UE (40%), de la zona euro (41,5%) y de grandes economías vecinas como Alemania (39,5%) y Francia (47,9%). Los países nórdicos que tantas veces se ponen de ejemplo como economías a las que parecerse, también tienen niveles más altos de presión fiscal: Dinamarca (50%), Finlandia (44%) y Suecia (43,7%).
Al analizar la estructura fiscal, las cifras revelan que España está por debajo de las medias en todas las figuras. El mayor peso fiscal en 2014 correspondió a las contribuciones sociales, con un 12,5% del PIB, frente al 15,5% de la zona euro y el 13,4% de la UE. Los impuestos a la producción y las importaciones representaron el 11,6% del PIB, también por debajo de la media de la eurozona del 13,3% y del 13,6% de la UE. Y dentro de este apartado, los ingresos por IVA ascendieron al 6,2%, frente al 6,8% de la eurozona y el 7% de los Veintiocho. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio alcanzaron el 10,1% del PIB en 2014, frente al 12,5% de la zona euro y el 12,8% de la UE.
A partir de todos estos datos, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que si la presión fiscal española se ajustara a los estándares medios de la Unión Europea, España recaudaría al año alrededor de 60.000 millones de euros más, una cantidad que mejoraría considerablemente la situación de las arcas públicas y del sistema de bienestar, permitiendo además recortar el agujero del déficit público y cumplir con los requisitos que reclama la Comisión.
El Gobierno tendrá que decidir dónde ajustar tras haber tocado casi todas las figuras en la anterior legislatura
El verdadero problema es dónde ajustar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha tocado casi todos los impuestos en la última legislatura. Subió el IRPF nada más llegar al poder estableciendo un gravamen complementario, elevó los tipos de IVA en 2012, aumentó la recaudación de Sociedades eliminado algunas deducciones, el IBI, casi todos los Impuestos Especiales, creó figuras nuevas como el Impuesto a los Gases Fluorados, y acabó su mandato bajando IRPF y Sociedades con una reforma fiscal para devolver a los ciudadanos parte de los esfuerzos hechos durante la crisis.
Esta última reforma no gustó nada en Bruselas. La Comisión cree que fue un cambio puramente electoral que acabó provocando el desvío del déficit de 2015 y el amago de multa por la falta de medidas efectivas para reducirlo. De hecho, la reforma redujo en casi 5.000 millones la recaudación del IRPF en 2015, aunque el Gobierno sigue sosteniendo que ha sido esa misma reforma la que ha impulsado el crecimiento y la creación de empleo en los últimos meses. Tanto es así, que el equipo de Mariano Rajoy ha dicho hasta la saciedad que volverá a bajar los impuestos si consigue gobernar, aunque parece difícil teniendo en cuenta que Bruselas vigila con lupa cada movimiento en España.
Es muy probable que tenga que volver a subir el IVA, como reclama Bruselas
Además, en las últimas recomendaciones que emitió la Comisión se hablaba de subir los impuestos, no de bajarlos. En concreto, Bruselas recomendaba tomar una serie de medidas para conseguir un ahorro estructural en materias como las pensiones, la administración o los servicios públicos de empleo. Pero también sugería que estas medidas de ahorro se complementasen con otras como la reducción del número y el alcance de los gastos tributarios, en particular, los tipos reducidos del IVA, para lograr el requerido esfuerzo estructural.
De hecho, el IVA ha sido siempre el gran impuesto al que han recurrido los gobiernos cuando han tenido que llenar la caja rápido. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando empezaron a llegar los primeros avisos desde Bruselas y lo volvió a hacer Mariano Rajoy en 2012 cuando España estuvo a punto de ser rescatada por la UE. Hoy en día, tal y como están las cosas, no se puede descartar una tercera subida, dado el actual nivel de déficit y la necesidad de generar recaudación de forma rápida para reducirlo. El cambio en Sociedades ya está anunciado, así falta saber si se atreverá a meter mano de nuevo al IRPF.
