El Gobierno ha anunciado por fin un plan estructural de ayudas al sector del automóvil, seriamente dañado por la crisis del coronavirus. Destinará más de 3.700 millones de euros, de los cuales 1.535 millones se movilizarán este año y otros 2.210 millones desde 2021. El objetivo será reforzar el sector del automóvil y reactivar las ventas, que se han visto mermadas aún más tras la crisis del coronavirus. De esa cantidad, 250 millones irán a un programa para la renovación del parque automovilístico del que se pueden beneficiar particulares, autónomos y empresas y que contempla todo tipo de tecnologías, incluidos diésel y gasolina, al margen de los 100 millones que se han destinado a través del plan MOVES exclusivos para el desarrollo del coche eléctrico.
Una segunda edición del plan MOVES estará coordinado por el IDAE y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y con el reparto en mano, la gran beneficiada es Andalucía, una comunidad autónoma que recibirá cerca de 18 millones de euros, casi un 20% más que comunidades como la de Madrid o Cataluña, cuyas ventas anuales son muy superiores a las del territorio andaluz. De hecho, Madrid vende casi cuatro veces más coches que Andalucía, 474.000 unidades en 2019 frente a las 138.000 de esta última. Una cuantía sin duda desproporcionada, más aun cuando el número de coches eléctricos que se matriculan en Madrid está muy por encima de Andalucía, y que en Madrid, que tendrá algo más de 14 millones de euros para ayudas, será fácil que se agoten, algo difícil en Andalucía, que tendrá para gestionar casi cuatro millones más de euros.
También Cataluña, con un mercado de turismos muy inferior a Madrid, tendrá mayor cuantía que esta para subvenciones al coche eléctrico, algo más de 16 millones de euros. La Comunidad Valenciana será la cuarta más beneficiada con más de diez millones de euros dejando ya muy atrás a Galicia y Castilla y León, que tendrán que conformarse con una cuantía ligeramente por encima de los cinco millones. A la cola estarán La Rioja, Ceuta y Melilla, con 668.000 y 180.000 euros respectivamente.
Y es que esta segunda edición del Plan MOVES duplica la dotación respecto de la anterior edición, que contó con 45 millones, y que están destinados a financiar, entre otras cuestiones, la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, así como medidas para facilitar la movilidad sostenible de empleados y clientes a centros de trabajo. Como novedad, los ayuntamientos podrán emplear las ayudas para realizar adaptaciones rápidas para responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19, como puede ser la conversión de carriles convencionales en carriles bici o espacios peatonales.
El programa se inscribe en el 'Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: hacia una movilidad sostenible y conectada' del Gobierno de España y tiene como objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible. El plan, elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a una dotación de 100 millones de euros.
Generar más de 5.000 empleos
Este nuevo plan financiará con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, con hasta 5.500 euros en el caso de los coches 100% eléctricos, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo.
El plan activado por el Gobierno quiere que la industria de la automoción, estratégica y con efecto tractor, pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen cambios asociados a la nueva movilidad ligada a los procesos de descarbonización y de transformación digital. De hecho, España ya cuenta con una consolidada cadena de valor de la electromovilidad, vinculada fundamentalmente a los sectores de bienes de equipo y la electrónica de potencia, con una aportación de fabricación nacional de entre el 70 y el 90%. El país también dispone de ecosistemas de fabricación de vehículos significativos en segmentos como el de los autobuses o las motocicletas eléctricas, de las que España es el primer fabricante europeo.
La inversión pública del Estado que contempla MOVES II podría llegar a movilizar un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros por cada millón invertido, generando más de 5.000 empleos. Al tiempo, se contribuye a mitigar las emisiones contaminantes y de gases efecto invernadero. El programa podría promover un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo al año y una reducción de emisiones anual estimada en unas 40.250 toneladas de CO2.
Las comunidades autónomas concretarán, en sus correspondientes órdenes, el reparto presupuestario entre las distintas actuaciones. No obstante, el Real Decreto establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos; hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga; y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas a la crisis de la covid-19.
