El año 2025 comienza sin que el Consejo General del Poder Judicial haya designado oficialmente al sustituto de Manuel Marchena. El pasado 5 de diciembre, el magistrado canario dejaba su cargo en la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tras expirar su segundo mandato, y comenzaba la carrera por buscar a un sustituto tomar las riendas de la Sala clave del alto tribunal.
Durante las últimas semanas, se han incluido varias entrevistas ante la Comisión de Calificación del CGPJ a los diferentes candidatos. Entre los favoritos destacan los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero es el sucesor natural de Marchena, el magistrado más veterano de la Sala y el número uno en el escalafón judicial, y cuenta con el respaldo de los vocales conservadores del CGPJ. Ferrer, conocida por ser la primera magistrada mujer en ingresar en la Sala clave del alto tribunal, es la favorita de los progresistas y del Gobierno.
A pesar de los avances, el órgano de gobierno de los jueces cierra la persiana este 2024 sin designar oficialmente al nuevo presidente de la única Sala que puede enjuiciar a aforados en España. Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, la situación de bloqueo en las negociaciones previsiblemente no se solventará a corto plazo, por lo que la presidencia en funciones de Arrieta se prolongará más tiempo del esperado.
La división de los vocales en dos bloques podría provocar un empate que debilitaría la candidatura de Ferrer, puesto que en caso de no alcanzar la mayoría necesaria para elegir a un nuevo presidente, Arrieta continuará en funciones. Ambos candidatos necesitan 13 de 20 votos a favor para poder ser elegidos como el nuevo presidente o nueva presidenta de la Sala de lo Penal del TS. Este escenario supone una visible desventaja para la favorita de los progresistas.
Martínez Arrieta cuenta con una amplia trayectoria profesional en el Tribunal Supremo, primero como jefe de Gabinete técnico y posteriormente como magistrado de la joya de la corona del Supremo. Entró en la carrera judicial en enero de 1980 y fue el fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Entre 1984 y 1986 ejerció como titular del Juzgado de instrucción número 11 de Madrid, desde donde instruyó casos como la desaparición de Santiago Corella, 'el Nani'. El candidato favorito del bloque conservador es el magistrado más veterano de la Sala de lo Penal del alto tribunal, además de ser el número uno del escalafón judicial.
Por el momento, el CGPJ ha renovado por unanimidad a Arrieta como magistrado sustituto competente en el Supremo para el control de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El presidente en funciones de la Sala de lo Penal del TS ya fue designado para este cometido el 20 de diciembre de 2017, como consecuencia del cese del inicialmente elegido, Julián Sánchez Melgar, al ser nombrado fiscal general del Estado. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva ha sido magistrado del alto tribunal designado como titular para dicha tarea.
La favorita de los progresistas, Ana Ferrer, fue la primera mujer en llegar a la Sala de lo Penal de Supremo. Antes de aterrizar en el alto tribunal trabajó como magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid desde el año 1996 y la presidió en 2008. Ferrer ya sonó en septiembre como una de las favoritas para presidir el CGPJ y el TS, respaldada también por el bloque progresista y el Gobierno. Finalmente, tras cinco intentos fallidos la candidatura de Isabel Perelló consiguió desempatar el tablero del Consejo General del Poder Judicial.
Principales causas penales en el Supremo
La presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha cogido en los últimos meses si cabe más relevancia. La llegada al alto tribunal de causas como la del Fiscal General del Estado o la investigación contra Ábalos por el 'caso Koldo' marcarán la agenda judicial y política del próximo año.
El pasado 12 de diciembre vimos al que fuera secretario de organización del PSOE declarar ante el alto tribunal como investigado. Pocos días después, el instructor Leopoldo Puente acordó elevar el suplicatorio al Congreso de los Diputados al apreciar "indicios bastantes" de la comisión de cuatro delitos por parte de José Luis Ábalos. En las próximas semanas, la Cámara presidida por Francina Armengol tendrá que decidir si suspender la inmunidad para el que llegó a ser mano derecha de Pedro Sánchez.
Por su parte, el juez Ángel Hurtado ha imputado a Álvaro García Ortiz por un presunto de revelación de secretos. Una causa que nace tras la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que ha acabado con apertura de una causa judicial contra el máximo representante del Ministerio Público, por primera vez en la historia de la democracia española.
En el foco del instructor, el borrado de los mensajes del teléfono de García Ortiz, en el cual la UCO encontró "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería en los días en los que se produjo la presunta filtración. El pasado jueves, el juez acordó citar en calidad de testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado de llevar anteriormente el caso del presunto fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso.
