Aunque han pasado seis años desde que ETA escenificase su disolución, los servicios de información aún trabajan a destajo para desentrañar los crímenes perpetrados por la organización terrorista que siguen sin estar resueltos o sin una autoría atribuida. Se trata de un trabajo contrarreloj, teniendo en cuenta que el peso de la prescripción amenaza con soterrar algunos de estos asesinatos: fuentes internas de la Guardia Civil consideran que hay 24 casos que están resueltos policialmente, pero no ante la Justicia.
Fuentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil apuntan a esta cifra en base a los indicios que reúnen en torno a los crímenes, pero que no se han podido llevar ante los tribunales. Los 24 asesinatos que cuentan con una investigación policial firme pero que no han sido esclarecidos por la Justicia hacen referencia a hechos que han tenido lugar a partir del año 1990. Una iniciativa impulsada por Dignidad y Justicia pretende abrir las puertas a nuevas opciones judiciales.
Aunque ETA nació bajo la bandera de la lucha antifranquista, lo cierto es que la mayoría de sus asesinatos se perpetraron con la democracia ya consolidada, siendo la creación de una Euskal Herria independiente y socialista su único objetivo durante más de medio siglo de crímenes, secuestros y extorsión. 221 de sus crímenes tuvieron lugar precisamente a partir de 1990. La amenaza de la prescripción se cierne sobre ellos.
Doctrina Miguel Ángel Blanco
El objetivo es evitar que la sombra del olvido caiga sobre ellos. En ese esfuerzo se enmarca la iniciativa conocida con el nombre de ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’; un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo que podría declarar imprescriptibles todos los crímenes desde 1990, incluidos los atentados del 11 de marzo de Madrid; y abrir la puerta, de este modo, a nuevas vías de investigación.
El recurso ante el Supremo, interpuesto por Dignidad y Justicia de la mano de la Fundación Villacisneros y del Partido Popular, permitiría nuevas investigaciones en torno a los 24 asesinatos de ETA que, según las fuentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, están resueltos policialmente, pero no ante la Justicia.
“La estimación del recurso interpuesto por Dignidad y Justicia, PP y la Fundación Villacisneros ante el Supremo en el caso contra los jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco daría un vuelco a estos 24 atentados, pues podría declarar imprescriptibles todos los crímenes desde 1990”, apuntan desde Dignidad y Justicia.
Crímenes "imprescriptibles"
Según consideran desde esta asociación, la estimación del recurso también permitiría declarar imprescriptible el 11M y, por lo tanto abrir la puerta a la investigación de los autores intelectuales, “como históricamente han demandado las víctimas de este atentado”: “En el caso de Miguel Ángel Blanco es precisamente a esos autores intelectuales a los que se está investigando”.
En concreto, Dignidad y Justicia argumenta que el artículo 2.2. del Convenio Europeo sobre la imprescriptibilidad formulado en Estrasburgo el 25 de enero de 1974 que entró en vigor en 2003 determinó que, cuando cada Estado miembro incorporara este concepto a su ordenación jurídica, debía aplicarlo a todos los crímenes que en ese momento no estuvieran prescritos, incluso a los cometidos con anterioridad. En España, el convenio se incorporó en 2010, por lo que los asesinatos cometidos desde veinte años atrás -1990- no estarían sometidos a la prescripción.
La petición que formulan desde Dignidad y Justicia es que se asiente la denominada 'doctrina Miguel Ángel Blanco', en contraposición a otras fórmulas como la doctrina Parot, “cuya denominación entendemos que fue un error porque llevaba el nombre de un etarra, y no el de una víctima, como tenía que haber sido, pues la doctrina beneficiaba a las víctimas”.
