El Tribunal Constitucional alemán se pronunciará el día 12 de septiembre sobre el fondo de rescate europeo permanente, el bautizado como Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). Nadie espera que estos jueces declaren ilegal el flotador que asistirá a los países de la periferia. Sin embargo, miembros del Ejecutivo tudesco liderado por Merkel han confesado en privado su temor a que los magistrados le impongan unos requisitos que dificulten y ralenticen los rescates.
Estos juristas se enorgullecen de ser independientes y pueden establecer que el Parlamento germano tenga un mayor control y, por tanto, vote si aprueba o no cada uno de los desembolsos de ayudas, lo que complicaría aún más los ya de por sí difíciles procesos de decisión de la UE.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha explicado que espera a ver cuáles serán las condiciones que exigirá Europa para sopesar si pide o no la ayuda. España es demasiado grande como para que un fondo de rescate asuma todos sus vencimientos, sobre todo si Italia va después. De modo que se optará por el llamado rescate blando. Éste podría consistir en que el BCE y el fondo de rescate europeo compren nuestra deuda pública.
El banco central adquiriría títulos en el mercado secundario cuando la prima de riesgo se disparase. A su vez, el Mede podría acudir directamente a las subastas para asegurarse de que se cubren a unos intereses razonables. Esta fórmula rebajaría el coste de la deuda y requeriría bastantes menos recursos que una línea de crédito como las que han recibido Grecia, Irlanda o Portugal.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo de Rajoy reconocen que para ello resulta esencial cumplir con los objetivos de déficit público fijados por Bruselas. De nuestro grado de cumplimiento dependerá que en Europa se nos considere un país serio y por tanto se muestre una cierta flexibilidad.
Los inversores prevén que la nueva ayuda no comportará muchas más exigencias que las existentes y que, en cambio, la intervención del BCE y del fondo garantizarán la financiación a unos precios más sostenibles. Por eso, incluso las agencias de rating han animado al Gabinete de Rajoy a que solicite cuanto antes la asistencia.
No obstante, el BCE ha anunciado que aguarda a la decisión del Constitucional alemán para cerrar cómo instrumenta la ayuda y qué condiciones impone, probablemente en línea con las recomendaciones de su último boletín en el que conminaba a España a acometer más reformas que mejoren la competitividad y aligeren la carga de las pensiones.
Por un lado, el dictamen del alto tribunal servirá de termómetro de la voluntad alemana. Por otro, puede poner unas trabas al uso del fondo de rescate que obligarían al BCE y a la UE a replantearse toda su estrategia. “Un fondo permanente de rescate no puede tener una operativa que cuestione de forma permanente si va a estar disponible. No se le pueden añadir todavía más trámites y que sean distintos según el país. Esto supondría el retorno a la casilla de inicio cada vez que hay que dar un nuevo paso”, apuntaba una fuente de Bruselas.
Varios analistas consultados explicaban que si el Constitucional germano fija más condiciones, los inversores tendrán otra decepción y volverán los ataques. Hay un respaldo implícito de Alemania a la deuda periférica, y el mercado no parará hasta que ese apoyo se haga explícito e irrevocable.
La estrategia de Merkel de rescatar a los países entregando los préstamos cacito a cacito conforme se disciplinan puede asegurarle el control. Sin embargo, la canciller se está arriesgando mucho. Puede perder el control de su electorado, cada vez más hastiado porque periódicamente ha de discutir sobre si se rescata una vez más a los manirrotos del sur. Y puede perder el control porque los ciudadanos de los países asistidos sientan la fatiga de las reformas. ¿Cuánto tiempo se puede tener a la mitad de la eurozona en estado de intervención? El 12 de septiembre Europa tendrá que salvar en el Tribunal Constitucional de Karlsruhe un obstáculo más de una larga carrera de resistencia.
