Más de 100 son los bancos y cajas que se han adherido al Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno el pasado día 9 de marzo. En el mismo, que el Ejecutivo lanzó para evitar desahucios, queda recogido que las familias sin avalistas, con todos los miembros en paro y que destinen el 60% de sus escasos ingresos a pagar la cuota de la hipoteca podrán refinanciar su préstamo si la vivienda es la única que poseen y no vale más de 200.000 euros, en los casos de las grandes ciudades, o más de 120.000 en los núcleos de población más pequeños. El código recoge que tras la refinanciación las familias puedan pagar solo intereses durante cuatro años, alargar la hipoteca un máximo de 40 años, pagar un interés de Euribor más 0,25, pedir una quita de parte del capital pendiente y entregar la vivienda al banco, saldando con ello su deuda.
En el precio de la vivienda se encuentra, según la Asociación de Usuarios de Bancas Cajas y Seguros (Adicae), uno de los fallos de dicho código. “Es un mínimo muy bajo, sobretodo si se tiene en cuenta el boom inmobiliario vivido en España en la última década. Hay zonas por ejemplo en Cataluña en el que hay muy pocas viviendas que estén en ese margen de precios”, explica al otro lado del teléfono una portavoz de Adicae. En la asociación además señalan que las personas que están cobrando el paro tampoco se pueden acoger ya que el cobro del desempleo se considera una renta derivada del trabajo.
Sobre lo restrictivo del código se pronunció también poco después de ser aprobado Ada Colau, una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Colau hizo la estimación de que el 90% de las familias que sufren el embargo no podrían acoger a esta iniciativa. Casi cinco meses después de que se publicara el decreto, Adicae estima, teniendo en cuenta un estudio entre sus asociados con problemas, que solo un 20% puede beneficiarse del código, cifra que baja hasta el 3% en Cataluña. Aunque se creó una comisión de control del código integrada por el Ministerio de Economía, el Banco de España, la CNMV y la Asociación Hipotecaria Española, aún no hay datos oficiales, según un portavoz del Ministerio de Economía, que emplaza a los próximos meses para valorar el seguimiento de la norma. De lo que sí se conocen cifras, de récord histórico, es del número de desahucios que se llevaron a cabo el primer trimestre de 2012. Según el Consejo General del Poder Judicial se produjeron 18.424, un 18,5% que en el mismo periodo de 2011.
Operación de "lavado de imagen"
Una de las personas en Cataluña que cumple los requisitos para adherirse al código es Blanca María. El mes que viene se le acaba el aval y la casa en la que viven ella, que ha solicitado una ayuda de 400 euros tras acabársele el subsidio por desempleo, y su hijo vale 114.000 euros. Lleva 11 años pagando puntualmente la hipoteca pero ahora, cuando aún le quedan 80.000 euros a los que hacer frente, ve como va a empezar a tener problemas para poder costear los 500 euros mensuales de letra. Antes de que la situación empeorase acudió a la sucursal de Catalunya Caixa en la que contrató su hipoteca para ver que opciones tenía y les propuso acogerse al Código de buenas prácticas. Se encontró entonces con que los empleados de la entidad le daban “largas” o incluso le decían que no podía adherirse a él porque su hipoteca había sido vendida por la caja a otra entidad. Blanca se encuentra ahora a la espera de consejo legal para saber cómo actuar.
La respuesta de los empleados de las entidades es otro con los problemas que según Adicae se encuentran las personas que quieren acogerse al código, de obligado cumplimiento, al que se sumaron los bancos y cajas. “Muchas entidades se lo tomaron como un lavado de imagen y no han pasado de ahí. No han informado a sus trabajadores de cómo actuar en estos casos”, sostiene Adicae. Una opinión bastante similar la comparte Comfia, la federación de servicios financieros y administrativos de CC OO. “Es una medida que tiene que ver más con la estética que con la ética. Las plantillas saben más por lo que sale en los medios de comunicación que por lo que les informan sus entidades”, explica una portavoz. Y es que la mala imagen que pueden llegar a proyectar las entidades involucradas en los casos de desahucios es, según un alto directivo de uno de los mayores bancos españoles, uno de los temas que más preocupan en los departamentos de comunicación.
