La jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado abrir diligencias contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la consultora Deloitte por la presunta comisión de delitos de falsificación documental y de apropiación indebida en la resolución del Banco Popular tras la denuncia presentada por el abogado Ignacion Coll ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Entiende la magistrada que se puede adivinar la “posible existencia de una infracción penal” en la elaboración por Deloitte del informe que refrendaba la inviabilidad del banco, y respaldaba la decisión de la JUR que aboga por la resolución del banco, que desembocó en la venta de la entidad por tan sólo un euro al Banco Santander.
Coll esgrime en su denuncia un informe elaborado por los peritos del Banco de España, que afirmaba que el Banco Popular fue solvente hasta el momento de su intervención y, por tanto, apunta a la falsedad del informe de la consultora. El denunciante cree que la resolución de la entidad puede ser nula de pleno derecho.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer si gracias al informe de Deloitte se produjo una retirada masiva de fondos del banco que desembocó en la crisis de liquidez que motivó su resolución. El denunciante insiste en que el contenido del informe del Banco de España es incompatible con el de la consultora que, de comprobarse que no respondía a la realidad constituiría “fradue” o “estafa” que arruinó a más de 300.000 accionistas del Popular.
El informe de Deloitte
Colls pide a la jueza que dé conocimiento completo del informe de Deloitte, que sólo se conoce parcialmente y la copia íntegra del expediente de subasta de Banco Popular, con el pliego de condiciones, plazos y demás requisitos y que acredite la hora y días exactos en que Banco Santander presentó su oferta.
