La Audiencia Nacional da un mes a Fertiberia, el gigante español de los fertilizantes, para avalar 65,9 millones de euros por el impacto medioambiental causado en las marismas del Rincón, en Huelva. Un aval que el tribunal reclama como fianza para que la empresa realice las tareas de regeneración ambiental y que reclama con urgencia después de que en 2019 la empresa cambiase de manos, de OHL al fondo de capital riesgo Triton Partners.
"La Sala considera urgente garantizar la ejecución de la obra, ante la previsible venta de la sociedad a un Fondo de Jersey", detalla el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. "Con carácter inmediato y en el plazo máximo de un mes deposite definitivamente aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta que la empresa ejecute los trabajos de regeneración ambiental de las balsas de Fosfoyesos de Huelva, tal y como el tribunal resolvió en sentencia de 2007 y auto de ejecución de 2015", detalla.
En su auto, la Audiencia Nacional advierte de que si no se presenta el aval en el plazo de un mes, se procederá a imponer al presidente ejecutivo y consejero delegado de Fertiberia, Javier Goñi del Cacho, una multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días, hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal.
La ejecución se ha dilatado extraordinariamente en el tiempo, según explica el auto, y hasta el momento no se ha conseguido la constitución de la garantía "a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas tanto por esta Sala como por el Ministerio de Medio Ambiente", afirma la Audiencia Nacional.
Fertiberia propuso sustituir el aval por una garantía hipotecaria sobre tres fincas de la sociedad. Una alternativa que fue rechaza para la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional porque considera que no ha probado "de modo suficiente y fehaciente" su imposibilidad de constituir el aval o seguro de caución.
13 años
En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la caducidad de la concesión a Fertiberia de ocupación de una parcela situada en la margen derecha del río Tinto, junto a la ciudad de Huelva. Entre otros argumentos, consideró que se habían superado los espesores máximos de yeso depositados y se había utilizado una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Huelva.
El tribunal, con esta decisión, daba la razón a WWF- Adena que había instado la caducidad de la concesión. Ocho años después, en julio de 2015 y en el marco del procedimiento de ejecución de la sentencia, la Audiencia acordó fijar en 65,9 millones de euros la garantía exigida a Fertiberia para garantizar el proyecto de regeneración ambiental de clausura de las balsas de fosfoyesos.
"Un fondo de Jersey"
En su auto, los jueces incluyen un informe pericial de PriceWaterhouseCooper sobre la situación financiera de Fertiberia entre 2016 y 2019 que pone en evidencia, según el tribunal, que la empresa sí ha tenido acceso a financiación, por lo que “Fertiberia podría y debería haber constituido la garantía por importe de 65,9 millones de euros”.
También descarta el argumento de Fertiberia de que de no aceptarse la garantía hipotecaria conllevaría a la declaración de concurso de acreedores. “Tal afirmación se compadece mal con el dato obrante en el informe del Ministerio en el sentido que consta la voluntad de vender la empresa al Fondo Tritón, puesto que si hubiera voluntad de continuar con su objeto social, dicha transacción no se produciría”, subrayan los jueces.
En este sentido, el tribunal entiende esta intención de vender la empresa a un grupo inversor con sede en Jersey (paraíso fiscal) “convierte en urgente que se garantice la ejecución de la obra por dicha entidad, pues existe el riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra, sin que ni siquiera se tenga garantías de que vaya a ser posible ejecutarla a su costa”.
