Los Audiencia Nacional ha zanjado la polémica. Los peritos del Banco de España cedidos a la causa solo investigarán el periodo comprendido entre 2015 y 2017, según un auto de la sección cuarta de la sala de lo Penal al que ha tenido acceso Vozpópuli que rechaza los recursos de apelación interpuestos por la OCU y otras acusaciones particulares.
Los magistrados que componen la sala, presidida por la juez Ángela Murillo, consideran que ampliar la causa hasta 2012, como habían pedido las acusaciones en sus recursos, convertiría el procedimiento en una "causa general" que haría del caso Popular un "caos procesal" de consecuencias "imprevisibles".
"El recurso de apelación formulado no puede prosperar, pues suscribe este Tribunal los razonamientos del
Instructor y del Ministerio Fiscal acerca de la falta de necesidad, inutilidad y reiteración que conlleva la práctica extensiva de la diligencia de investigación pericial", reza el auto.
Los dos peritos que trabajan para el juez Fernando Andreu, instructor de la causa, son Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo. Ambos son cercanos a la cúpula del Banco de España y se pronunciarán sobre tres cuestiones: si el folleto de la ampliación de capital ofrecía la imagen fiel; el análisis de todas las cuentas de 2016 y la reexpresión de 2017; y el precio en la venta de sociedades participadas.
"No hay motivos relevantes"
En concreto, los peritos tendrán que profundizar principalmente en tres aspectos: si el ladrillo estaba correctamente provisionado a comienzos de 2016, cuando se amplió capital; las últimas cuentas de Ángel Ron al frente del banco, de finales del año pasado; y si Emilio Saracho actuó correctamente al reexpresar estos estados financieros.
La sala considera que no existen "motivos relevantes" que conduzcan a la pretendida ampliación de la investigación de los peritos, ya que creen que los márgenes del caso son lo "suficientemente amplios" para conceder a los inspectores del Banco de España "libertad de criterio". De hecho, reiteran que los peritos disponen de un "amplio margen de actuación".
En cualquier caso, a pesar de la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la investigación de los inspectores del Banco de España, todos aquellos perjudicados que eran titulares de acciones o bonos de Popular durante los hechos investigados, independientemente del momento en el que suscribieran los títulos, podrán personarse en la causa.
"Todos los afectados que mantuvieran acciones, bonos u obligaciones subordinadas durante el período investigado son posibles perjudicados, puesto que estos hechos también pudieron causar un perjuicio en el valor de sus títulos, independientemente de la fecha de adquisición o de si adquirieron dichos títulos en la ampliación de capital o no"", recuerdan desde Unive Abogados.
Prolonga secreto de los documentos del BCE
Además, el juez Andreu ha decidido este viernes prorrogar por segunda vez, y por el plazo de un mes, el secreto de sumario respecto a la pieza separada que investiga la documentación remitida por el Banco Central Europeo (BCE).
En esta documentación se encuentra el informe resultante del Programa de Supervisión Ordinaria por el que el organismo que preside Mario Draghi detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros en Banco Popular.
Estas inspecciones pusieron de manifiesto que la entidad no estaba lo suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, el objeto central de la investigación, por lo que son clave para el devenir del caso. El empresario mexicano Antonio del Valle está presionando para que esta documentación salga a la luz lo antes posible.
