El 13 de julio, un agente judicial acudió sobre las 13 horas al domicilio de Araceli Mora, la catedrática en Economía que desde junio de 2011 formaba parte del consejo de Administración de Bankia, para notificarle formalmente que ella era una de los 32 querellados en el sumario que comenzaba a instruir el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Sin embargo, el funcionario no pudo cumplir el obligado trámite. “El empleado de origen sudamericano que no se identifica dice que tiene orden de no recoger nada”, reflejó en el acta. Tres días más tarde, el secretario judicial volvió a llamar a la puerta. Nadie abrió en esta ocasión. Tuvo que volver al día siguiente. Esta vez sí pudo entregar la notificación y, además, a la propia Araceli Mora.
Una vigilante de la sede del banco se encargó de cumplimentar el trámite por Rato y Fernández Norniella
Esta exconsejera de Bankia ha sido, de hecho, una de los únicos nueve imputados a los que finalmente el juzgado ha podido entregar en mano la notificación y traslado de la querella. En el resto de los casos, según se recoge en el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli, han sido las empleadas de hogar, los conserjes, familiares o, simplemente, los vigilantes de seguridad de la sede de Bankia quienes se ocuparon de pasar por los directivos acusados el mal trago de la visita judicial. Un trámite imprescindible que se inició el 6 de julio, dos días después de que el juez Andreu dictase el auto por el que admitía la querella de UPyD contra los responsables de la entidad financiera. Para poder cumplimentarlo, el día 5 el magistrado ordenó al jefe de la Comisaría de policía de la propia Audiencia Nacional que le facilitará las direcciones personales de todos los imputados. Gestión que los agentes hicieron en un solo día tras solicitar directamente la información al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
De este modo, el mismo día 6 de julio en el que la entidad facilitaba los datos a la Policía y ésta, a su vez, al juez, se comenzó a comunicar a los ex miembros de los Consejos de Administración de Bankia y BFA su condición de querellados. Los primeros fueron Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella, a los que, pese a tener el juzgado las direcciones de sus domicilios particulares, el trámite judicial se cumplimentó en la sede de Bankia en la madrileña Plaza de Celenque. Allí, la vigilante de seguridad encargada de la puerta se encartó de plasmar su firma y recoger la documentación para los dos altos cargos de la entidad. Ambos se libraron de dar la cara en ese primer acto judicial. Quien sí la dio, sin embargo, fue Francisco Verdú, quien recibió en la sede de Bankia en la Plaza de Castilla al funcionario que le notificó la querella. En el acto, el directivo aprovechó para reflejar en el documento judicial quién iba a ser su abogado.
Familiares y empleados
Como él y Araceli Mora, también la han recogido en persona Carmen Cavero, José Antonio Moral Santín, Atilano Soto Rabanos, Arturo Luis Fernández, Pedro Bedia, Mercedes de la Merced y José Luis Oliva, aunque en algunos casos los funcionarios tuvieron que acudir en más de una ocasión a sus domicilios para cumplimentar el trámite. El caso más llamativo fue el de Arturo Luis Fernández, a quien el agente judicial intentó localizar en la dirección en la que, según BFA y la Policía, estaba su domicilio, el kilómetro 14,500 de la carretera de Colmenar Viejo, una localidad del norte de Madrid. Sin embargo, allí encontró un hospital. El funcionario recogió en el acta de la frustrada entrega que habló con la responsable de recursos humanos del centro sanitario, quien le aseguró que el ex consejero de Bankia ni vivía, ni trabajaba allí. Al día siguiente fue localizado en la sede de la CEOE en el centro de Madrid, donde se le entregó la documentación.
La Policía 'domicilió' a Arturo Fernández en un hospital. Al final, le entregaron la querella en la sede de la CEOE.
También complicada fue la notificación a José Luis Olivas. De hecho, los agentes judiciales tuvieron que acudir en dos ocasiones a su domicilio en Valencia. La primera, el 13 de julio, poco después de las 13.15 horas. No lo encontraron en la vivienda, y el conserje del edificio, que se negó a identificar al agente, rechazó hacerse cargo de la notificación judicial "ya que no tiene orden de recoger nada". Tres días después finalmente lo consiguieron. Una semana más tarde, otro funcionario acudió a su domicilio para realizar un nuevo trámite judicial. En esta ocasión fue su mujer quién firmó el 'recibí'. Los familiares han sido, de hecho, los encargados en varias ocasiones de cumplimentar ese trámite en lugar de los interesados. Así, la hija de Rafael Ferrando firmó por él el 16 de julio, después de que tres días antes el secretario judicial no encontrase a nadie en el domicilio. En el caso de Jorge Gómez Moreno fue una mujer que se identificó como su "tía" la que lo recogió. Y a José Manuel Serra lo reemplazó en el trámite su hijo.
Sin embargo, los principales 'sustitutos' de los imputados en este trámite han sido las empleadas de hogar. Además de en el caso de Araceli Mora, ya señalado, las asistentas han dado la cara por sus jefes en los casos de Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, Ángel Villanueva Pareja, Luis Blasco Bosqued, José Rafael García-Fuster y Francisco Juan Ros García. En el caso de las dos entidades financieras, BFA y Bankia, la encargada de esta ingrata misión fue su vicesecretaria general, Matilde González. En su caso, los agentes cumplimentaron este doble trámite en la sede compartida de ambos bancos en la Torre Bankia, situada en el número 189 del madrileño Paseo de la Castellana.
