Las empresas ganadoras de una concesión pública deben aportar distintas garantías y fianzas a la hora de firmar el contrato. En el caso de Aumar, filial de Abertis, la fianza de explotación fue de 16 millones de euros, un montante que se pone en riesgo al calor de las recientes inspecciones que ha realizado el Ministerio de Fomento a través de SEITT, una empresa de capital público.
En el momento de la concesión, según han señalado desde el Ministerio de Fomento a Vozpópuli, se firmó esta garantía en el caso de que la concesionaria no devolviera en "perfectas condiciones" los tramos licitados. "Había dejado 16 millones de fianza de explotación en caso de no devolver los tramos que se revertirán al Estado en diciembre de 2019 en perfectas condiciones", han apuntado las mismas fuentes. Fomento ha requerido a la filial de Abertis acometer estas inversiones "para cumplir con el contrato".
Estos trabajos realizados por funcionarios de SEITT son rutinarios cuando acaba la concesión. La filial de Abertis tiene dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y otro de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz. Las inspecciones llevadas a cabo por la institución dirigida por José Luis Ábalos se realizan "en base a la normativa de aplicación, sin perjuicio de las inspecciones normales, dirigidas a asegurar la perfecta conservación de la autopista y con un año de antelación a la fecha de extinción de la concesión", han destacado desde Fomento a preguntas de Vozpópuli. De esta forma, la inspección se llevó a cabo a finales del pasado año y "remitidas a Aumar en diciembre del pasado año", han explicado las mismas fuentes.
Inspecciones de forma anual
La empresa concesionaria está obligada a adoptar medidas "que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones normales de absoluta normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas", un procedimiento previsto para la entrega de las instalaciones, al final de la concesión, que expira este próximo 31 de diciembre.
Debido a que las inspecciones se realizan de forma anual, Fomento aún no ha iniciado más inspecciones "puesto que la próxima finalización de una concesión sería en 2021". En este sentido, han explicado que si las inspecciones se realizan con bastante antelación "no daría buena cuenta de los objetivos de ese estudio".
Respecto al futuro de los trabajadores, Fomento dará la correspondiente respuesta en los pliegos de los contratos de servicios para la conservación integral que se están preparando. En concreto se trata de cuatro pliegos para el mantenimiento y conservación, donde se definirá el personal que sea necesario para llevar a cabo esa conservación.
El futuro incierto de los trabajadores
Los sindicatos han cifrado en 300 puestos directos, que podrían triplicarse en el caso de tener en cuenta a los subcontratados. "Hay que diferenciar entre los fijos y los subcontratados", ha señalado Iván Oprella, portavoz de CCOO en Abertis, ha considerado, a preguntas de este medio, a la hora de la posible subrogación.
Teniendo el reciente ejemplo de la AP-1, se espera que un 40% de la plantilla pueda ser subrogada, mientras que el 60% restante, formado por los "peajistas" y quienes llevan tareas administrativas y de markéting puedan ser despedidos. Por este motivo, ha pedido al Ministerio de Fomento que estipule claramente qué puestos de trabajo pueden ser subrogados y cuáles tendrían que ser indemnizados por la concesionaria, que aún no se ha sentado a negociar con los sindicatos el nuevo convenio.
Según ha afirmado, Aumar estaría cambiando los "contratos más caros" a las áreas de mantenimiento y conservación, "con la finalidad de reducir el coste de los despidos". También ha criticado al Ministerio por su retraso en la publicación de los nuevos pliegos.
