Jose Luis Escrivá Belmonte ha sido nombrado este viernes director de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por el Consejo de Ministros, mandato que ejercerá por un periodo de tres años renovables hasta un máximo de seis. En la conferencia de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha incidido en el reconocido prestigio del elegido con un "amplio" currículum en diversos organismos de relevancia vinculados al sector privado y a los bancos centrales.
El objetivo de la Autoridad Fiscal es garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas. Sáenz de Santamaría ha detallado que Escrivá es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía y ha sido consultor del FMI y de Naciones Unidas. Durante 2012 ha sido director de la Oficina para las Américas y secretario del consejo consultivo de gobernadores de bancos centrales de las Américas. También ha estado al frente de la división de política monetaria en el Banco Central Europeo y fue subdirector del departamento de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Además, ha sido director del servicio de estudios del BBVA.
Por todo ello, Sáenz de Santamaría ha subrayado su experiencia a nivel internacional y nacional y en los ámbitos público y privado y ha añadido que Escrivá cumple con el requisito recogido en la norma de elegir presidente entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de 10 años de ejercicio profesional en materia de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público. La vicepresidenta ha recordado que el nombramiento debe pasar ahora los trámites, entre ellos la correspondiente comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha señalado que la Autoridad elaborará informes preceptivos para la administración y también podrá formular opiniones a iniciativa propia en todas las materias previstas en la ley. También realizará el seguimiento de la ejecución presupuestaria, de la deuda pública y de las reglas de gasto para evaluar la conveniencia de activar medidas preventivas, correctivas o coercitivas previstas en la propia ley orgánica de estabilidad presupuestaria.