Los expertos coinciden en que hay dos sistemas básicos para calcular las balanzas fiscales: el del flujo monetario y el de la carga-beneficio. Con el primero, el gasto público por territorio se imputa según el destino geográfico y con el segundo, a partir de la residencia de los beneficiarios. El frente soberanista formado por CiU, ERC e Iniciativa ha elegido el primero porque es el que más favorece a sus intereses, pues dispara el déficit de Cataluña hasta los 16.543 millones de euros. Por el contrario, si dieran por bueno el segundo método, esta cifra se vería reducida hasta los 11.258 millones. La diferencia es notable: de un déficit fiscal del 8,5% al 5,8% del PIB.
Según qué metodología se aplique, el déficit fiscal de Cataluña supone entre el 5,8% y el 8,5% del PIB regional
Especialistas como Ángel de la Fuente, Ramón Barberán o Ezequiel Uriel, cada uno desde su universidad, convienen en que la elección por parte de la Generalitat del flujo monetario implica ignorar lo que retorna a cada comunidad autónoma en forma de servicios prestados desde la Administración central con independencia de dónde se localicen físicamente sus productores directos. Con este procedimiento, sólo opera como retorno a Cataluña el gasto que físicamente se hace allí, sin contar con los servicios que reciben sus ciudadanos, la defensa o la acción exterior, entre otros, y que se prestan desde Madrid.
El frente soberanista defiende que su método es el más razonable porque es el que mejor captura los efectos del gasto estatal sobre la actividad económica cuando, en realidad, el grueso de este gasto no está directamente relacionado con los estímulos al crecimiento. En términos metafóricos, a efectos de su impacto sobre la actividad económica, lo importante no es dónde se aparca el avión militar, sino dónde se ha fabricado, aseguran los expertos.
En el sistema utilizado por CiU no se tienen en cuenta los servicios prestados por la Administración central en Cataluña
Esta opinión va a ser tenida muy en cuenta por el Gobierno en los trabajos previos que servirán para encauzar el nuevo modelo de financiación que entrará en vigor el año que viene ya que la metodología de carga-beneficio se considera la más apropiada a la hora de abordar la equidad en el reparto de los costes y beneficios derivados de la actuación del sector público, con independencia de dónde se realice físicamente el gasto. Las últimas estimaciones sobre el saldo fiscal por este procedimiento apuntan hacia un déficit de entre un 5% y un 6% del PIB de Cataluña. Para debatir si es o no un porcentaje elevado hay que contar con la renta per cápita de esta comunidad y con lo que pasa en otros territorios de riqueza comparable, estudio que lleva a la mayoría de los expertos a concluir que Cataluña se encuentra dentro de la media si se cruza su saldo fiscal con su nivel de renta.
En todos los países avanzados comparables con España se observa un patrón muy similar en el que los saldos fiscales regionales se van deteriorando gradualmente según aumenta el nivel de renta. Cataluña encaja, según los especialistas, en este perfil general y no desentona cuando se compara con otras regiones españolas o extranjeras teniendo en cuenta el nivel de renta per cápita en relación al promedio nacional.
Cataluña se sitúa en la media en términos de financiación regional, según los expertos que trabajan en las nuevas cuentas territorializadas
CiU y ERC también han jaleado en los últimos meses en el Congreso de los Diputados el supuesto maltrato que estaría recibiendo Cataluña a través de un modelo de financiación que el propio nacionalismo catalán ha contribuido a definir mediante su colaboración con anteriores gobiernos. Lo que aseguran aquí los expertos es que esta comunidad autónoma tiene un índice de financiación homogeneizada por habitante de 99,6 (donde 100 corresponde al promedio de las comunidades de régimen común). Esto la sitúa entre Madrid (100,8) y Andalucía (98,8) y claramente por encima de Baleares (93,3), Valencia (92,6) y Murcia (96,3). En términos de financiación regional, Cataluña está en la media, frontera en la que deberían situarse todas las comunidades para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad.
