Banca

Blesa y Rato se ven perseguidos por las ‘black’: “Ya nos han cortado la cabeza”

Las defensas de los dos expresidentes de Caja Madrid consideran que "la justicia pagana ya les ha condenado" y que desde el primer momento el objetivo ha sido "cortarles la cabeza". Acusan al Frob y a Terceiro de "no actuar de buena fe" al ocultar pruebas o mentir.

Tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato coinciden con la opinión pública en que el caso de las tarjetas black de Caja Madrid es una trama organizada e irregular. Aunque difieren en el sentido. Los manipuladores no son ellos, sino las acusaciones, lideradas por el Fondo de Reestructuración (Frob) y Bankia, y por el expresidente de la caja, Jaime Terceiro.

Las defensas de Blesa y Rato, los abogados Carlos Aguilar e Ignacio Ayala, respectivamente, han cargado contra el Frob por manipular información en su contra. El más claro al respecto ha sido Aguilar, al señalar que el objetivo no es otro que “cortarles la cabeza”, ya que “la justicia pagana ya ha condenado” a los usuarios de las tarjetas black. “No se debe hacer un juicio revisionista, un juicio moral, y aquí estamos en un juicio de verdad”, ha opinado Ayala.

Pretender que se ha seguido un sistema deliberadamente opaco, es faltar a la verdad. Estaba a la vista de todos los órganos de contabilización, internos y externos”, ha expuesto el abogado de Blesa. “La información el Frob ha sido manipulada, presentada con un corte interesado. Las actas de Caja Madrid y los registros históricos documentales han estado a su disposición, si no se han traído es porque no se ha querido”, ha añadido". Por su parte, Ayala agregó que las pruebas de la acusación se han debilitado durante el juicio.

El objetivo de esta manipulación no es otro, según Aguilar, de que la causa de las tarjetas black “tenga una fuerza letal, tal que todas las personas aquí sentadas han visto arruinada su vida”.

Argumentos

En la exposición de los dos letrados, se han recordado todos los argumentos planteados durante el juicio, cuyos ejes de defensa son: que las tarjetas eran remuneraciones legales, que las pruebas están manipuladas (en especial el Excel de Bankia), que eran conocidas por Hacienda, auditores, Banco de España, y, sobre todo, que se crearon durante la época de Terceiro.

“La tesis de Terceiro, el envilecimiento del sistema, se construyó sobre la piedra de que sus tarjetas no tenían PIN. Pero esa piedra se le ha caído al suelo”, ha afirmado el abogado de Blesa. “No pedimos responsabilidad penal para Terceiro. Creemos que fue un sistema legítimo en el año 88, lo fue con Blesa, y lo siguió siendo después”, matizó.

Las 'tarjetas black' "no tienen nada que ver con la caída de Bankia", ha defendido el abogado de Blesa

Rato también defiende que él sólo mantuvo una práctica iniciada mucho antes de su llegada. Por lo que simplemente no lo quitó creyendo en su legalidad. “Durante el tiempo en el que el Sr. Rato ostentó dichas funciones ejecutivas en Caja Madrid, jamás recibió una comunicación, informe, o estudio elaborado por las distintas áreas que intervenían en el desarrollo del referido sistema”, apunta su escrito.

El exvicepresidente del Gobierno mantiene que todas las leyes entre 1988 y 2010 permitían que los miembros del consejo de Caja Madrid “pudieran percibir, entre otros conceptos, incentivos económicos”. Además, sostiene que las tarjetas black eran conocidas por la Agencia Tributaria, los auditores, los reguladores y los distintos departamentos de la caja.

Remuneraciones y caída de Bankia

Blesa también se ha defendido de las acusaciones y críticas de haber inflado las remuneraciones de Caja Madrid durante su época, lo mismo que con las tarjetas black. “Las retribuciones eran parecidas a las del sector, y menores que las de los bancos. No se puede juzgar con los ojos de hoy los hechos de ayer. No tienen nada que ver con la crisis de Bankia”, ha asegurado Aguilar.

Además ha definido como una gran injusticia que se le quiera cargar a su representado con el gasto de todas las tarjetas, sobre todo teniendo en cuenta de que Bankia se ha desgravado un 35% a través del Impuesto de Sociedades. “Sería un enriquecimiento injusto y bochornoso”.

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