CaixaBank levanta muros en su relación con el Gobierno. El banco no quiere que la polémica por el impuesto a la banca acabe enturbiando el diálogo con el Frob, que se sienta en el consejo de administración como herencia de la fusión con Bankia. La cúpula evitará a toda costa otro choque como el provocado por los sueldos en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado en el accionariado de la entidad.
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, se ha erigido como uno de los banqueros más críticos con el plan del Gobierno de gravar el 4,8% de los ingresos obtenidos por el margen de interés y las comisiones. "Es una medida equivocada y errónea. Es injusta, distorsionadora y contraproducente", dijo sin ambages Gortázar, quien llegó a advertir de que el nuevo gravamen puede acabar beneficiando a los fondos buitre.
"Nuestra posición sobre el impuesto no es favorable tengamos o no al Estado en el accionariado"Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
Pero esta fuerte crítica no tiene por qué, a juicio del consejero delegado de CaixaBank, pasar factura a la relación con el fondo de rescate. "Nuestra posición (sobre el impuesto) no es favorable tengamos al Frob o no en el accionariado", enfatizó. El Frob, con un 16,1%, es el segundo mayor accionista de CaixaBank desde su fusión con Bankia en marzo de 2021. Sólo tiene por delante a la Fundación La Caixa, que tiene algo más del 30%. El fondo público se sienta en el consejo del banco fusionado con un representante dominical, la doctora en Economía Teresa Santero Quintillá.
El Gobierno se opuso en la junta de 2021 al sueldo del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que triplicó el salario tras la fusión. En su primer ejercicio tras la integración con Bankia, el presidente de CaixaBank ganó 1,69 millones en 2021, mientras que el consejero delegado percibió 3,89 millones. Estos sueldos despertaron las críticas del Ejecutivo de coalición, sobre todo de Podemos. Aunque un año después el Estado se abstuvo en la votación de la nueva política de remuneración y después de que tanto Goirigolzarri como Gortázar se congelaran el sueldo fijo y variable para 2022.
CaixaBank se fía de Sánchez
"Que el Frob esté en el consejo solo tiene que ver con temas que afectan a CaixaBank. Espero que siga de esa manera y no creo que vaya a cambiar", aseguró el consejero delegado del banco. Pedro Sánchez anunció el impuestazo sin previo avisó al sector, que se ha soliviantado por su impacto en la reputación en un momento en el que las hipotecas subirán tras ocho años de tipos negativos. Gortázar insistió en hacer una dicotomía en su relación con el Ejecutivo y enmarcó las críticas por el impuesto a una acción sectorial. "Las asociaciones bancarias han rechazado el impuesto y es en ese contexto donde se tiene que producir el diálogo sobre esa medida", ahondó.
Sin ir más lejos, las entidades están promoviendo un movimiento a nivel sectorial para hacer lobby con los partidos políticos, como el PP o Vox, e intentar frenar o al menos cambiar el impuestazo. Los banqueros consideran que el nuevo gravamen es claramente inconstitucional, pero son conscientes de que cualquier partido político tendrá difícil presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el coste político.
El Estado, además, ya asume que tendrá que retrasar su salida del accionariado de CaixaBank. De hecho, prevé iniciar los trámites tras el verano para alargar la fecha límite actual del 31 de diciembre de 2023. Es previsible que solicite al Frob un informe para justificar que el retraso ayudaría a recuperar un mayor porcentaje de las ayudas públicas. En ese momento, los asesores recomendarían casi con toda probabilidad otra prórroga del plazo, a no ser que las condiciones del mercado cambien de forma drástica, como apuntan fuentes financieras.
