Nueva legislatura pero con deberes del curso pasado. El Gobierno se ha puesto manos a la obra con la reforma pendiente de las cooperativas de crédito (cajas rurales y Caja Laboral Popular), una obligación que impuso Europa en el rescate de 2012. El ministro de Economía, Luis de Guindos, intentó cumplir este mandato entre 2014 y 2015, pero la oposición de los barones regionales del Partido Popular (PP) y el apretado calendario paralizaron la reforma. Las elecciones autonómicas de mayo de 2015 impulsaron el veto: los candidatos del PP no querían enfrentarse a la oposición con el argumento en contra de haber favorecido la desaparición de entidades locales.
Ahora, con el panorama despejado de elecciones y la recién estrenada legislatura es el momento para retomar la reforma. Fuentes de Economía reconocieron que ya se está trabajando en ella, aunque en una fase preliminar, y que el foco estará en mejorar el gobierno corporativo de las cooperativas. Añaden que convocarán a PSOE y Ciudadanos para tratar estos cambios.
La letra pequeña de la reforma será fundamental para convencer a estos dos partidos de la oposición y a los propios barones del PP. Si implica fusiones entre las cajas rurales podrían volver a surgir las discrepancias dentro del partido. Para los políticos locales, tener una entidad financiera local es un objetivo prioritario, como ocurría con las cajas.
Ayer apoyó esta reforma el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, en unas jornadas organizadas por el IESE y EY: "Desde el Banco de España hemos venido defendiendo la conveniencia de perfeccionar el régimen jurídico y, en general, la normativa aplicable a las cooperativas de crédito. En ambos casos, deberían tomarse como referencia las mejores prácticas de los países de nuestro entorno".
Letra pequeña
Junto a la mejora del gobierno corporativo, Guindos quiere fijar un sistema de mutualización del riesgo entre las cajas rurales. Se trata de asegurarse de que si una cae, sus entidades socias responderán de las pérdidas sin crear ningún problema en el sistema. El precedente de Caja Rural Mota del Cuervo, que tuvo que ser intervenida, está en la retina de los legisladores. Además, es prioritario que dicho sistema de absorción de pérdidas no afecte a las cuotas participativas que tienen los clientes de las cooperativas (socios cooperativistas). "Estas aportaciones se han vendido como depósitos", señalan fuentes próximas a Economía consultadas por este medio. El objetivo es evitar unas nuevas preferentes a menor escala.
Es un sector pequeño (en torno a un 8% de la cuota de mercado bancaria) pero con muchas diferencias internas, que se reflejan en la división entre Cajamar y las entidades que se agrupan en Unacc (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), entre las que destacan Caja Laboral Popular y las rurales asociadas en Banco Cooperativo Español.
Mientras que Cajamar ha apostado tradicionalmente por la fusión real de todas las cajas rurales, el resto apuesta por un modelo de fusiones frías (como los antiguos SIP) en los que cada entidad mantiene su independencia y ADN local. La cuestión que debe analizar Guindos es si este sistema es robusto ante la crisis de uno o varios de los socios.
Guindos tiene que abordar el tratamiento de las cuotas participativas de las rurales en caso de reestructuración
Cajamar, por su parte, ya sabe lo que es enfrentarse a las mayores exigencias regulatorias, ya que es uno de los catorce grupos financieros españoles supervisado por el Banco Central Europeo (BCE). Este grupo, englobado bajo el Banco de Crédito Cooperativo (BCC) quiere integrar al resto de rurales, dado que los requisitos regulatorios van a más y 2017 apunta que será otro año complicado para la banca.
No es fácil el juego de equilibrios al que se enfrenta Guindos: ¿Contentar al BCE que reclama más fusiones y control estricto de todo el sector; o a los barones del PP que no quieren perder su influencia y advierten del riesgo de exclusión financiera si desaparecen las rurales?
