El Banco de España ha reconocido hoy por primera vez que la tensión política en Cataluña es un "elemento de incertidumbre", un riesgo que de materializarse podría afectar a la confianza de los agentes y a la financiación.
En un encuentro con medios para presentar la actualización del cuadro macroeconómico, el director de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha subrayado que la previsión de crecimiento del Banco de España "no incorpora ningún efecto" de la situación en Cataluña.
Sin embargo, esta "tensión" se incorpora por primera vez como riesgo -junto a otros, como el "brexit" o la incertidumbre sobre la política macroeconómica en los Estados Unidos-, lo que "podría eventualmente tener efectos negativos sobre la confianza de los agentes y las condiciones de financiación".
En ese sentido, el Banco de España ha apuntado que normalmente "donde primero se notan estas tensiones es en la prima de riesgo" y, posteriormente, en los tipos de interés que pagan hogares y empresas.
Con respecto a si esta situación está afectando ya a la economía, Hernández de Cos ha explicado que la información coyuntural se recibe con "cierto desfase", por lo que los datos más útiles para esta cuestión serían los mercados financieros, donde no se observa ningún impacto negativo.
Normalidad en las entidades catalanas
El Banco de España tampoco ha percibido ninguna anomalía en los depósitos en las entidades financieras catalanas. Hernández de Cos ha insistido en que la tensión en Cataluña no es la causa de la desaceleración prevista para el tercer trimestre, que está relacionada con el menor efecto de factores que habían tenido un impacto expansivo, como el precio del petróleo o la política monetaria.
Con respecto al retraso en la aprobación del proyecto presupuestario de 2018, ha considerado que el escenario político "no es muy distinto" del de los últimos años y que "Presupuestos va a haber", aunque sean prorrogados.
El eventual impacto, "más allá de que los agentes económicos tienen un menor elemento de ancla", se centraría en la diferencia entre tener un presupuesto prorrogado o uno nuevo, que en este caso se traduciría en un gasto público "más restrictivo con respecto a un Presupuesto alternativo" y, por lo tanto, más favorable al cumplimiento del déficit.
