El equipo de economistas de BBVA Research ha lanzado este martes un mensaje al Gobierno: le pide que cuide mucho los detalles de la renta mínima en la que está trabajando, denominada Ingreso Mínimo Vital, para que no sea universal ni provoque un efecto de desincentivador en los beneficiarios, es decir, que prefieran cobrar esa renta que buscar empleo.
"Las transferencias a hogares deben seguir siendo dependientes de la situación de las persona que las reciba e incentivar su participación en el mercado formal de trabajo (...) Esta renta mínima es ahora más necesaria que en otros momentos, pero el Gobierno está planteando implementarla como una política de rentas permanentes, así que para ello hay que cuidar mucho los detalles de su diseño para maximizar los beneficios que se pretenden conseguir y también para minimizar los costes y efectos no deseados que pueda tener", ha apuntado Rafael Doménech, responsable de análisis económico.
El experto subraya que es "muy importante que la renta mínima esté alineada con las políticas de empleo, para que no haya desincentivos para que los beneficiarios no participen en el mercado de trabajo e incluso haya connivencia con la economía sumergida".
"Tiene que tener vocación temporal: para aquellas familias que durante algún tiempo puedan necesitarla"
Además de tener cuidado con su diseño, BBVA Research pide al Ejecutivo que no deje en el olvido la reforma del sistema de pensiones. "Antes de 2021 habría que abordar los retos que teníamos antes de la crisis y también las heridas que va a dejar esta crisis, como el elevado déficit público", afirman.
Piden también que se evalúen los costes y beneficios de las políticas públicas; las ayudas que se den al sector privado, buscando mínimo impacto para el contribuyente, seguridad jurídica y eficiencia; que las empresas insolventes no acaparen los recursos; que se incentive la contratación indefinida; modernizar políticas activas y pasivas de empleo; dar flexibilidad interna; fomentar la inversión y transformación digital y la acumulación de capital humano; y adoptar nuevas tecnologías para combatir el cambio climático.
El objetivo de todas estas medidas que deben materializarse en reformas estructurales será evitar que el desempleo temporal se traduzca en paro de larga duración, ha explicado Doménech.
Hasta 2023 no se recuperará el empleo de 2019
Los expertos han advertido de que "se corre el riesgo de que parte de los efectos a corto plazo se conviertan en permanentes", en relación al riesgo de que "una parte del empleo que se pierde de forma temporal se convierta en paro de larga duración y esto es relevante en alguno sectores si no consiguen recuperar su actividad, y si no consiguen ser reasignados a otros sectores productivos.
Doménech ha puesto como ejemplo lo que ocurrió con los trabajadores de la construcción en la crisis de 2008. "Los trabajadores que hasta entonces habían estado trabajando en ese sector se convirtieron en parados de larga duración y han tenido dificultades par trabajar en otros sectores".
El equipo de expertos prevé que en 2020 se destruirán por el coronavirus 970.000 puestos de trabajos. Si se tiene en cuenta que la previsión hace tres meses era de que se crearan 330.000 empleos, hay una diferencia de alrededor de 1.300.000 entre ambos escenarios.
Los expertos son poco optimistas con la recuperación del empleo, prevén que en 2020 la tasa de paro supere el 20,5%, que en 2021 baje al 17,3%, y dado que "somos capaces de reducir la tasa de desempleo a razón de 2 o 3 puntos al año, necesitaríamos otros dos años adicionales: hasta 2023 para ver tasas de desempleo en el entorno del 13%".
En línea con el Banco de España
Sus previsiones macroeconómicas están muy alineadas con las presentadas este lunes por el Banco de España. Pronostican una caída del PIB del 8% en 2020, que podría superar el 11% en función de cuánto se alargue el estado de alarma, cómo de rápido se recupere la actividad y qué efecto tengan las políticas públicas.
Sobre éstas, creen que las medidas implementadas por el Gobierno han evitado que la caída del PIB sea 3,5 puntos porcentuales superior este año.
Comparten también con el supervisor el pronóstico de que el déficit público se dispare hasta el 11% del PIB y que la deuda pública llegue al 120%.
