El fondo Cartesian, aliado del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, puso una demanda contra el auditor de la empresa alimentaria, BDO, en la que le acusaba en exclusiva de todo el fraude oculto en la firma. Pero el juez Pablo Ruz no ha tragado: sólo ha admitido parcialmente la demanda, dejando fuera importantes acusaciones, como las de “uso de información” o “falseamiento de documento mercantil”.
Como puede leerse en el auto, el fondo Cartesian, a través de su filial Silicon Metals, intentaba cargar todas las responsabilidades al auditor. Este fondo, accionista de Pescanova, no ha demandado a Sousa, curiosamente, como sí han hecho otros, pese a que sus intereses como inversor están claramente lesionados. Veladamente, ha dejado caer que no lo hace porque el ex presidente ya está suficientemente encausado.
Sin embargo, Cartesian era uno de los que le apoyaban en la última Junta, en la que Sousa intentó recuperar el control de la compañía nombrando un consejo de administración de su confianza, todo ello en un movimiento dirigido desde el despacho de abogados Cremades y la asociación de accionistas minoritarios Aemec. Esta candidatura continuista, con nombres de prestigio en sus filas que nunca llegaron a confirmar su presencia fracasó finalmente, ya que no tenía apoyo societario.
Le trajo Sousa
Cartesian entró en Pescanova de la mano del propio Sousa. En el colmo de la rechifla, el responsable del fondo es chino (Peter M. Yu) y en agosto, la mujer de Sousa fue sorprendida en Portugal intentando enviar dinero a China, hecho este que el propio ex presidente negó en su declaración ante Ruz.
El juez reconoce en su escrito que el informe forense de KPMG ha sido concluyente, culpando de manera personal a Sousa del ocultamiento de deuda. El magistrado señala que no procede admitir totalmente la demanda porque “la falsedad ideológica en documento mercantil no se penaliza cuando la compete un particular, como lo es el auditor” y que “el auditor no usa información relevante a fin de intervenir en el mercado”.
Cosa que sí hizo Sousa, entre otras cosas, vendiendo sus acciones antes de la suspensión de pagos, cosa que no pudo hacer el resto del mercado, lo que le valió la primera investigación por parte de la CNMV.
Cambia de estrategia
El ataque de Sousa contra todo parece el nuevo eje de su defensa. El pasado mes de abril ya pidió la revocación del auditor, demanda archivada el 30 de julio por el juez mercantil de Vigo. Posteriormente, arremetió también contra la CNMV, pero, a tenor del informe de KPMG, ha comprendido que no debe seguir por esa vía.
La auditora contestó con firmeza, en un duro comunicado en el que reconoce sus errores a la hora de certificar la veracidad de la información mercantil, pero insistiendo en que no han falseado las cuentas ni usado información.
La entidad es consciente de su responsabilidad, no en vano los inversores y analistas creyeron en la compañía en gran medida gracias a la certificación de autenticidad de sus cuentas, que siempre fue sin salvedades. Dan por hecho que les pedirán cuentas por esa responsabilidad, pero no admiten que se les culpe de todo el fraude. Claro que pocos días antes, Sousa culpó del mismo a los bancos por prestarle el dinero.
