Las acciones de Berkeley se desplomaban más de un 12% cercanas las 10.00 horas tras anunciar que estudiará "de inmediato" las opciones legales disponibles contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de rechazar la autorización para la construcción de una planta de uranio en Salamanca.
"La empresa seguirá defendiendo con firmeza su posición", ha afirmado la compañía este lunes en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras este anuncio, las acciones de la compañía retrocedían un 12,23%, hasta intercambiarse a un precio de 0,13 euros.
Berkeley considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como el derecho de defensa de la firma, lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud de la construcción de la planta de la compañía "no es legal".
A juicio de la compañía, el departamento que preside Teresa Ribera ha rechazado la solicitud de autorización "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", ya que, según la empresa, el 'Informe de Mejora' y los dos informes adicionales de alegaciones y comparación con otras instalaciones radiactivas no han sido tenidos en cuenta y enviados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su valoración, tal y como ha solicitado en múltiples ocasiones.
Berkeley ha recibido la notificación formal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que informan de que se ha rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en Salamanca.
Esto se produce tras el informe desfavorable emitido el pasado 12 de julio por el pleno del CSN, que, según la compañía, ha adoptado una decisión arbitraria con cuestiones técnicas utilizadas como justificación para emitir dicho informe, que carece de soporte técnico y jurídico.
Alegaciones al CSN
Berkeley presentó la documentación solicitada, así como un 'Informe de Mejora' para complementar la solicitud inicial, junto con las correspondientes alegaciones que abordan todas las cuestiones planteadas por el CSN. Asimismo, envió una solicitud al Ministerio para la reevaluación del proyecto por parte del CSN.
Además, Berkeley solicitó al Ministerio el acceso a los expedientes asociados a la autorización de construcción y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de Enusa Industrias Avanzadas, con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas por los órganos administrativos y reguladores competentes para otros proyectos de uranio similares en España.
Al realizar una comparación detallada de los distintos expedientes, es evidente, según la firma, que se le ha requerido a Berkeley aportar información que no se corresponde con el marco normativo y el alcance de la actual fase del procedimiento, y que además no fueron los criterios aplicados en otros procesos de concesión de licencias para instalaciones radiactivas similares.
En consecuencia, Berkeley considera que el CSN ha actuado de forma "discriminatoria y arbitraria" al evaluar la solicitud de construcción para el proyecto de Salamanca.
Estos argumentos adicionales se detallaron en otra carta enviada al departamento de Teresa Ribera en la que Berkeley solicitó que dichos argumentos se incorporaran a su expediente y, en vista de las "deficiencias" del informe desfavorable del CSN, se devolviera el procedimiento a la CSN para que se emitiera un nuevo informe que corrija dichas deficiencias.
