El Gobierno sigue contratando asesores y despachos de abogados para no pagar las 26 condenas internacionales que tiene por la retirada retroactiva de las primas renovables. En esta ocasión, la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio que lidera Félix Bolaños, ha contratado a la firma internacional de asesoramiento financiero y estratégico, Accuracy, por cerca de un millón de euros para afrontar su arbitraje contra el grupo WOC Photovoltaik, una grupo de empresas nacionales y extranjeras para la explotación de sistemas fotovoltaicos.
El importe total de este contrato se eleva hasta los 1,1 millones de euros, de los que 877.250 son por los servicios prestados y 242.000 es el importe que cifra esta adjudicación para los viajes necesarios para realizar este servicio.
Un trabajo que lleva Accuracy realizando años en arbitrajes internacionales tanto para inversores como Estados. En concreto, esta firma de consultoría, liderada en este ámbito por los socios Laura Cózar y Alberto Fernández Revenga, ya ha sido anteriormente seleccionada por el Gobierno español para defenderse de los arbitrajes por los cambios regulatorios que afectan a los productores de energía renovable.
La firma internacional ha sido el asesor de confianza del Reino de España en una decena de los más de cincuenta casos iniciados por inversores extranjeros en los tribunales internacionales. Su mandato de "experto económico independiente o perito" en el proceso de WOK Photovoltaik consiste ahora en cuantificar el impacto económico del mecanismo de remuneración al productor de energía renovable, mediante la comparación del "valor de la inversión" en dos escenarios: tarifa y regulación original frente a tarifa y regulación tras la aplicación de las medidas regulatorias en disputa.
Accuracy deberá analizar para España la cifra que solicita el inversor. Para luego, rebatirla en la medida en que la metodología o las asunciones no se ajusten a estándares de la industria.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han preferido no valorar a este medio esta decisión. La batalla legal con WOC Photovoltaik, una firma que lidera a un grupo de compañías alemanas y españolas para la explotación de sistemas fotovoltaicos, se inició en 2022. Esta firma presentó en 2022 una demanda de arbitraje de inversiones contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, en relación con su inversión en compañías de generación de energías renovables.
La firma contaba con el Proyecto Coreses, una de las mayores fábricas de hidrógeno verde de España proyectada en la provincia de Zamora; el Proyecto Villamartín, una instalación fotovoltaica en el municipio gaditano del mismo nombre; otros de la Agrupación Solar El Algarrobo II y III; o el Proyecto Sollana.
No es la primera vez que el Gobierno recurre a asesores externos para ganarle la batalla a WOC Photovoltaik. Aunque no siempre fue desde el organismo de Bolaños. La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, recurrió el pasado año al bufete alemán Schilling, Zutt & Anschütz (SZA) para defender los intereses de España. Según refleja la plataforma de contratación, el Gobierno pagó otros 193.600 euros para esta defensa.
Bolaños no quiere pagar
La estrategia de la Abogacía del Estado, ahora controlada por Bolaños, es no pagar los laudos internacionales, pese a que ya existan condenas firmes contra el Gobierno español por la retirada de las primas a las renovables. En concreto, son ya 26 condenas impuestas a España y una factura de 1.800 millones de euros en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.
Los afectados denuncian que, pese a que España ha dotado de legitimidad todos los arbitrajes y estar legalmente vinculado a reconocer su resultado, el Ejecutivo español se niega a realizar estos pagos, con el consecuente daño a la seguridad jurídica.
Ante los impagos del gobierno de España, que se ha negado a cumplir estas sentencias, las empresas afectadas han tomado medidas legales para registrar estos laudos ante los tribunales de terceros países como Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos.
Los afectados por estas causas confirman a Vozpópuli que seguirán abordando todas las vías posibles, como posibles embargos, para cobrar sus sentencias favorables. Por otro lado, se espera que Españas siga contratando a expertos como Accuracy para no realizar estos pagos.
DANIROCIO
BolaÑos El Mentiroso Ii Es Lo Que Hace Cada Vez Que Tiene Un Problema Se Busca Tropecientosmil Consejeros A Tutiplay Que Pagamos Todos ,la Pregunta Ingenua Seria Tan Tontos E Inutiles Son Los Politicos Actuales Que Necesitan Consejeros Cada Vez Que Dan Un Paso,otra Pregunta Ingenua Que Saben Hacer Estos
marqueslinchado
La PSOE, fascismo boloño y begoño. Spain is different.
xaxonem
De la Champion a 3ª división. Y recuerda, la fiesta la pagas tú.
Techlogic
Usan el dinero "de todos" (de nadie para los socialistas) para autobeneficiarse en sus cargos y en su partido. Y no hay nadie que les pare los pies. Más madera que se llama impuesto. Luego que si está caro el aceite ...
polplancon@gmail.com
Un millón de palos en la espalda le van a dar a este inútil. Cuando dejó Uría (porque no quería trabajar mucho, todo hay que decirlo), se brindó en la casa con champán por perderlo de vista. En Banco de España temen que pida el reingreso cuando termine su periplo político en un sonoro fracaso y defenestrado por su mentor. Ese es Felisín Buñuelos, el repelente niño Vicente de la política patria.
pinar010
Estos tios no pueden tener otra salida que la cárcel.