Un informe publicado este miércoles por la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, pone en entredicho la transparencia del Gobierno con el relevo del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE). A principios del pasado verano, justo cuando el Gobierno preparaba el relevo del entonces presidente de la institución, Juan Manuel Rodríguez Poo, un grupo de expertos independientes analizó la situación y monitoreó el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. El resultado se conoce ahora.
El documento, elaborado el pasado julio tras la visita de cuatro expertos entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2022 a España, lo respalda el Comité del Sistema Estadístico Europeo (SEE), formado por Eurostat, las oficinas de Estadística de todos los Estados miembros (los diferentes INE) y otros organismos que elaboran estadísticas europeas.
En el documento se expone como primera recomendación que "el Ministerio de Economía y Transformación Digital debería revisar la base legal para el nombramiento del Presidente del INE para permitir que los no funcionarios puedan ser considerados para el nombramiento", pues "excluye a ciertos candidatos potenciales".
En ese mismo punto, Bruselas detalla además que "la Ley de la Función Estadística Pública debería destacar las causas de cese del Presidente del INE en el sentido del Reglamento 223/2009". Según explica en el mismo documento, "la Ley de la Función Estadística Pública no especifica el requisito de que los candidatos al puesto de Presidente tengan una formación profesional adecuada, ni los posibles motivos de cese para la destitución".
Ya se pidió en 2015
En el informe se comenta que en la revisión por pares realizada en 2015 sobre el sistema estadístico español ya se recomendó que "el Instituto Nacional de Estadística debería llevar a cabo acciones para promover las modificaciones legislativas necesarias, estableciendo disposiciones claras para el nombramiento y cese del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, en línea con el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas". Sin embargo, según puntualiza ahora el equipo de revisión, esta recomendación "no condujo a un cambio en la ley".
Además, el comité consultivo europeo para la gobernanza estadística (ESGAB, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado el pasado mes de julio en el que reconocía ver con "seria preocupación" las circunstancias que rodeaban la dimisión de Rodríguez Poo. Este organismo ejerce como asesor de la Comisión Europea en el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
"En consonancia con el comunicado de ESGAB en el que se expresaba preocupación por la la evolución del INE" y haciéndose eco de aquella recomendación de 2015, el equipo de revisión inter pares considera en el informe publicado este miércoles que sería "conveniente revisar aspectos de la Ley de la Función Estadística Pública".
Esto debería incluir el establecimiento (y, por tanto, dar relevancia) de las causas de cese del Presidente, que se recogen en los artículos 63 y 64 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (dimisión, pérdida de la nacionalidad española, sanciones disciplinarias e inhabilitación para el desempeño de cualquier puesto de trabajo en el sector público)", comentan.
"El equipo evaluador consideró que esto era especialmente importante dado que, en los últimos tiempos, los cambios de gobierno han ido seguidos del nombramiento de un nuevo Presidente del INE", añade en el informe de la tercera ronda de revisiones, realizada justo cuando se 'cocinaba' el cese del expresidente Rodríguez Poo. La primera ronda se llevó a cabo entre 2006 y 2008 y la segunda, entre 2013 y 2015.
La salida de Rodríguez Poo
El Gobierno nombró el 1 de agosto de 2022 a Elena Manzanera como nueva presidenta del INE, cerrando así la crisis iniciada meses antes, tras cuestionar los principales indicadores proporcionados por la institución que hasta ahora presidía Juan Manuel Rodríguez Poo. Éste anunció su renuncia al cargo a finales de junio, tras varios días de rumores en torno a su inminente cese por parte del Gobierno.
El Gobierno empezó por cuestionar los datos económicos que proporcionaba el INE al chocar con las previsiones del Ejecutivo y acabó por forzar la dimisión del presidente del organismo. Las discrepancias llegaron en septiembre de 2021, cuando el Instituto revisó a la baja en 1,7 puntos el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre que había avanzado meses antes y que había dado margen al Gobierno para hacer unas previsiones económicas potentes, con un repunte del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022.
Sin embargo, tras un verano peor de lo esperado, llegó la fuerte revisión del INE, que provocó que todos los analistas y organismos económicos empeoraran sus proyecciones para la economía, truncando el mensaje de que España lideraría la recuperación gracias al buen ritmo de vacunación y a la pronta recepción de los fondos europeos. De hecho, el Gobierno tardó medio año en admitir el menor crecimiento del PIB en ambos años, rebajando las previsiones ya en abril de 2022 y asumiendo que España será el último país de la UE en salir de la crisis iniciada con la pandemia.
Después de ese suceso, los intentos de desacreditar el PIB fueron numerosos. Por un lado, tanto Economía como Hacienda crearon nuevos indicadores que, frente a la Contabilidad Nacional, mostraban una recuperación total de los niveles precrisis ya en noviembre de 2021. De hecho, el Informe semanal de ventas diarias que ideó Hacienda daba en su primera publicación mejores resultados que los de 2019, cuando el tradicional de Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas, el que llevó al INE a rebajar previsiones, no lo hacía.
Tras los roces entre el INE y el Gobierno por el PIB, el problema de la inflación aterrizó en la economía
Tanto es así, que el Ministerio de Hacienda llegó a restringir la información que proporcionaba al organismo autónomo para sus cálculos. En concreto, tal y como publicó Vozpópuli, durante unos trimestres, la Agencia Tributaria dejó de proporcionar al INE los datos adelantados de Ventas, empleo y salarios de grandes empresas y pymes para el avance del PIB tras la revisión a la baja en 1,7 puntos del segundo trimestre de 2021. Después, el Gobierno volvió a proporcionar estos datos, según pudo saber este periódico.
Además, en aquellas semanas en las que se fraguaba la cascada de revisiones a la baja tras el hachazo del INE al PIB del segundo trimestre, Calviño organizó un seminario denominado Más allá del PIB/Beyond GDP y convocó una rueda de prensa en el Ministerio junto al comisario europeo Paolo Gentiloni y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos y aseguró que el PIB es un indicador útil pero insuficiente para dar la medida exacta de los recursos y la capacidad de la economía de un país, instando a revisar y ampliar las métricas.
Finalmente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también contrapuso los datos de empleo y recaudación "completos" frente a los del PIB, "sometidos a revisión constante", un discurso que el presidente del Gobierno luego hizo suyo. En el balance del año que hizo el pasado 29 de diciembre de 2021, Sánchez destacó los datos "reales" de afiliación a la Seguridad Social frente a las "estimaciones" de los distintos organismos, que oscilan "al alza y a la baja" en un contexto de "extraordinaria incertidumbre" por la pandemia.
En 2022, tras los roces por el lento despegue del PIB, el problema de la inflación aterrizó en la economía española y provocó un nuevo choque entre el INE y el Gobierno. Éste último llegó a cuestionar ante la Comisión Europea la metodología que utiliza el Instituto para elaborar el Índice de Precios de Consumo (IPC), culpándole de parte de la elevada inflación que revela la estadística al no incluir los precios del mercado libre de la electricidad (y que representa a cerca del 60% de los consumidores), tal y como publicó este periódico.
