El Consejo Fiscal Europeo, órgano independiente que asesora a la Comisión Europea (CE), ha propuesto un cambio de las reglas fiscales que deben cumplir los países de la zona euro y que, en caso de ser aplicado por la Comisión, le dará potestad a ésta para intervenir en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de cada estado y para delimitar el límite de gasto al que se pueden comprometer.
Si Bruselas tiene en cuenta este asesoramiento y hace suya esta propuesta de cambio en su informe de fin de año -en el que evalúa el funcionamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento-, supondrá un recorte de la soberanía de cada gobierno, ya que la CE intervendría en el diseño de los presupuestos, aseguraría que parten de un escenario macroeconómico avalado por entidades independientes y que el gasto que quieren llevar a cabo durante su mandato no impide o dificulta que el país avance hacia el objetivo de reducir su nivel deuda pública hasta el 60% del PIB en un plazo de quince años.
Precisamente este objetivo sería el principal con la nueva normativa, en sustitución de la que hasta ahora ha marcado el Pacto y que consiste en reducir el déficit público por debajo del umbral del 3% para poder pasar del Procedimiento de Déficit Excesivo al brazo preventivo, como consiguió España en 2018 después de diez años.
Su propuesta se articula en dos patas: que las instituciones fiscales independientes de cada país (en nuestro caso, la Airef) tengan un rol más importante para asesorar a los gobiernos y monitorizar su cumplimiento, y, por otro lado, utilizar otro tipo de indicadores que sean observables (es decir, que no haya que hacer estimaciones econométricas para calcularlos, como ocurre con el saldo estructural) y que se analicen con un horizonte temporal menos cortoplacista (ahora es de un año).
En concreto, proponen fijar un objetivo de reducir la deuda pública de todos los países hasta niveles sostenibles, esto es hasta el 60% del PIB, para lo que darían a los países un margen de unos quince años.
Un control cada tres años
A la hora de elaborar el presupuesto, se parte de un escenario macroeconómico, unas perspectivas de ingresos y una obligación de converger hacia ese objetivo de deuda y, una vez establecidas esas tres variables se decide cuál es el volumen de gasto que cada país se puede permitir.
Aunque el periodo para conseguir ese objetivo es de 15 años (según la propuesta), se establecerían subperiodos de tres años para poder controlar que los gobiernos cumplen con lo pactado. En el caso de España sería quizá preferible que ese periodo fuera de cuatro años, ya que permitiría acoplarlo a la duración estándar de las legislaturas, igual que ocurre en Holanda.
El Consejo Fiscal Europeo va más allá del cambio en las reglas presupuestarias y propone que haya una coordinación en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) para que todos los países se comprometan: unos a reducir su deuda hasta el 60% del PIB, y otros (los más saneados y con margen para gastar, como Alemania) a incrementar el gasto en inversiones que sean útiles para todos y que generen crecimiento económico (no necesariamente en infraestructuras). Estos compromisos se adquirirían con un plazo de siete años.
Durante la recuperación económica los Gobiernos se han centrado en intentar reducir sus niveles de déficit público, al menos hasta cruzar el nivel de seguridad del 3%, pero su crecimiento económico se ha conseguido a costa de endeudarse, lo que ha disparado los niveles de deuda. En España, ésta ha pasado de suponer un 35% del PIB antes de la crisis a casi rozar el 100% ahora.
Los expertos advierten que esta situación nos hace vulnerables, especialmente en caso de que se acelere la ralentización y el país entre en una recesión económica.
La Comisión, a priori, a favor
Aunque la propuesta del Consejo es sólo eso, una propuesta, y es la Comisión la que tiene la última palabra, parece que podría estar de acuerdo en aplicarla ya que en el pasado ha lanzado iniciativas para modificar los marcos fiscales nacionales que iban en este sentido, en las que pedían que la reducción de la deuda pública fuera lo más importante.
Fuentes conocedoras señalan a Vozpópuli que cuando se hizo esta propuesta, en diciembre de 2017, las prioridades de la Comisión eran otras, como avanzar en la Unión Bancaria, y eso unido a los continuos cambios en los Gobiernos de Europa y en la propia CE provocó que la idea quedara en el olvido.
