La Comisión Europea ha condicionado la entrega de 560.000 millones de euros en ayudas a los países (de los que 310.000 serán a fondo perdido) a que los destinen a financiar reformas estructurales que Bruselas lleva tiempo pidiéndoles, entre las que se encuentra en el caso de España la reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible.
España lleva años posponiendo esta reforma, que serviría para evitar que el déficit de la Seguridad Social siga engordando año a año. El problema hasta ahora estaba en que ningún Gobierno, de ningún color, quería asumir el coste electoral que supone aplicar medidas impopulares como retrasar la edad de jubilación o limitar la revalorización de las pensiones, especialmente teniendo en cuenta que cada vez son más los votantes de más de 65 años en España.
Sin embargo, el Ejecutivo podría tenerlo más fácil ahora si Bruselas condiciona la entrega de este dinero que España necesita a medidas concretas para contener el gasto en pensiones, como retrasar la edad real de jubilación para hacerla coincidir con la edad legal o aumentar el periodo de cotización que se utiliza para calcular la pensión pública. La Comisión ya ha señalado varias veces que la tasa de sustitución (el porcentaje que representa la pensión del último sueldo) es muy alta en España en comparación con otros países de la UE, por lo que habría margen para reducirla.
Otras propuestas incluirían la creación de algún sistema de ahorro complementario, como la 'mochila austriaca', que permitan a los trabajadores acumular fondos de forma personal a lo largo de su vida laboral para después complementar la pensión pública.
El déficit sigue aumentando
El problema está en que cada vez que un Gobierno ha hecho amago de tocas a los pensionistas, éstos han tomado las calles. Es por eso que los partidos decidieron delegar en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, en la que están representados todos los partidos del arco parlamentario, la consecución de un acuerdo para aplicar reformas en la Seguridad Social independientemente de quien gobernara.
Lograrlo, hasta ahora, no ha sido posible, por lo que los últimos Gobiernos se han mantenido pasivos en cuanto a la aplicación de reformas y el déficit sigue creciendo desbocado.
Cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tomó posesión en enero, los propósitos eran optimistas.
El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confiaba en que el empleo seguiría creciendo, y la Seguridad Social seguiría incrementando su recaudación vía cotizaciones sociales -con el empujoncito que suponía además la subida de las bases mínimas un 22,3% -en línea con el Salario Mínimo Interprofesional- y la intención que tenían de subir también las bases máximas-.
Escrivá quería, además, trasferir parte de los gastos de la Seguridad Social a la Administración Central y conseguir acabar con el déficit del sistema, aunque fuera de forma ficticia ya que ese déficit pasaría al conjunto del Estado.
Cambio de planes
El mismo día en que recibió la cartera ministerial, resaltó también su propósito de incentivar que las personas alargaran su carrera laboral para entorpecer las jubilaciones anticipadas -en línea con las recomendaciones a las que esperaba que se llegara en el reconstituido Pacto de Toledo-.
Sin embargo, el coronavirus ha dado al traste con los planes del ministro. El empleo se ha hundido y, con él, los ingresos de la Seguridad Social y además el Sistema ha tenido que hacer frente a ingentes desembolsos en prestaciones.
El Gobierno no ha querido desglosar qué proporción del déficit público con el que espera cerrar el año (un 10,3% del PIB) corresponde a la Seguridad Social, pero es previsible que sea una cuantía bastante abultada.
