Desde que el pasado 31 de octubre, la Fiscalía pidiera la imputación de los miembros del Consejo y del Comité de Retribuciones de la entidad hoy difuminada en Bankia, los movimientos se precipitan. Uno de los más llamativos lo ha protagonizado el vicepresidente de la Diputación de Segovia y secretario provincial del PP, el exsecretario del Consejo de la caja, Miguel Ángel de Vicente, quien ha suplicado al juez registrar las oficinas de la Fundación de Caja Segovia y requisar todas las actas originales de los Consejos.
Fuentes conocedoras del proceso entienden que esta petición, que va contra las personas de confianza de los partidos políticos en la 'Fundación escoba' de los despojos de Caja Segovia, delata la guerra soterrada que se está librando entre los exconsejeros de todo color. De hecho, la propia caja se ha negado al registro. No así el fiscal y el juez, que ha dado tres días a la entidad para que aporte las actas. También ha fijado las primeras declaraciones para los miembros del Comité de Retribuciones a partir del 13 de enero.
La petición de registrar las oficinas de la Fundación de Caja Segovia y requisar todas las actas originales de los Consejos revela la guerra entre los ex consejeros de todo color
Sucede que la imputación del Consejo de Caja Segovia salpica a buena parte de la representación política, empresarial, sindical y social de Segovia. Desde el alcalde de la ciudad, el independiente bajo siglas socialistas, Pedro Arahuetes, hasta el presidente de la patronal y miembro de la CEOE, Pedro Palomo, pasando por los representantes de los sindicatos mayoritarios, sin olvidar al expresidente de Caja Segovia, Atilano 'Milano' Soto (PP), también imputado en el 'caso Bankia', al exvicepresidente, Manuel Agudíez (PSOE), y al exdirector general, Manuel Escribano. Asimismo, afecta a dos vicepresidentes de la Diputación, Miguel Ángel De Vicente y Juan José Sanz Merino; y a dos aforados: a un procurador de las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, y a un senador, Javier Santamaría, todos ellos del PP.
"Entregar la cabeza de Soto y Escribano para salvar las suyas"
A partir de ahora, está por ver cuántos harán la guerra por su cuenta. De momento, los más rápidos en personarse en el caso han sido el citado De Vicente, 'Milano' Soto, y la popular mujer rural, Elena García Gil, hasta hace poco en la Fundación de Caja Segovia. Las fuentes consultadas cercanas al caso resumen el panorama de la siguiente manera: "Todos intentarán entregar la cabeza de Atilano Soto y Escribano para salvar las suyas". También aseguran que exconsejeros que consideran que no tienen el mismo grado de responsabilidad, como los representantes de los impositores o de la asociación de jubilados de la caja, están dispuestos a 'cantar' gregoriano si hace falta ante el juez.
Exconsejeros con menor responsabilidad, como los representantes de los impositores o de la asociación de jubilados de la caja, están dispuestos a 'cantar' gregoriano si hace falta ante el juez
Uno de los que más expectación despierta es el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, abogado de profesión, quien ya ha hecho sonoras manifestaciones sobre Caja Segovia. A decir de las fuentes, "Arahuetes se defenderá a sí mismo y le condenarán a muerte". El alcalde ha declarado cosas como que el despacho Garrigues 'amenazó' a los consejeros si desvelaban las indemnizaciones de los directivos; que los informes en base a los que firmaba el Consejo estaban falseados y las contabilidades eran mentira -afirmación ésta especialmente grave si afecta a las negociaciones de la fusión en Bankia-; que sería "una vergüenza" que el caso de las retribuciones de Caja Segovia se archivara como el de Segovia 21; o que "al final aparezco en cualquier cuneta con un tiro en la nuca, porque como no me callo…".
Según el alcalde de Segovia, Garrigues 'amenazó' a los consejeros, cuestionó la veracidad de informes y contabilidades y criticó el archivo del caso de las retribuciones de la caja
No es la primera vez que se cuestionan las actas del Consejo de Caja Segovia ante los tribunales. De hecho, el mismo De Vicente formó parte de un grupo de exconsejeros que denunciaron a Atilano Soto y Manuel Agudíez, entre otros, por un pelotazo inmobiliario en Asturias, el 'caso Navicoas', que salpicó a la familia Cosmen (Alsa) y que llevó a hipotecar nada menos que el Torreón de Lozoya, entre otros inmuebles emblemáticos.
La petición de imputación del Consejo de Caja Segovia por las retribuciones millonarias se produce más de dos años después de la demanda de UPyD, formación que también puso en manos de la Justicia presuntas irregularidades en el complejo Segovia 21, así como una serie de "atenciones", "regalos" y "viajes de placer" no debidamente declarados a los consejeros, entre otras irregularidades.
"UPyD se va a volcar en el caso Caja Segovia", declaran a Vozpópuli desde el partido en Segovia. El recurrente no es otro que Andrés Herzog, el mismo que en el 'caso Bankia', y la portavoz de UPyD en Segovia, Luciana Miguel, ahora forma parte del comité de dirección del partido. En la formación magenta insisten en que "vamos a pedir responsabilidades políticas, penales y patrimoniales".
