El Gobierno reconoce por primera vez que la crisis inflacionista será más intensa y persistente de lo previsto justo después del batacazo del PSOE en Andalucía. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, habló este lunes de una inflación "más alta durante más tiempo", algo de lo que todos los organismos económicos habían alertado hace semanas mientras el Ejecutivo mantenía un discurso más optimista basado en el impacto positivo de las medidas para controlar los precios energéticos.
Sin ir más lejos, la semana pasada el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dibujó un escenario de inflación controlada en el entorno del 2% en 2023 y 2024, en línea con el objetivo marcado por Calviño a finales de abril. El Gobierno esperaba que la subida de precios se moderara al 5%-6% a finales de este año, unas proyecciones que si bien eran compartidas hace dos meses por la mayoría de los analistas, cada vez son menos populares.
Las últimas previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) confirman que el Ejecutivo no cumplirá ninguno de estos objetivos, tal y como publicó Vozpópuli. El servicio de estudios espera que en diciembre de este año la variación anual del índice de precios de consumo (IPC) todavía continúe en el 6,1% y no sea hasta el primer trimestre de 2023 cuando se ubique en el umbral de entre el 5% y el 6% que calculaban fuentes del Ejecutivo hace unas semanas.
Además, las tasas anuales continuarán próximas al 4% durante todo el ejercicio próximo y, en el mejor de los casos, se situarán en el 3%, según las previsiones de Funcas. Las presiones inflacionistas han obligado al Banco Central Europeo (BCE) a actuar con determinación y anunciar una subida de tipos en 25 puntos básicos el próximo mes de julio para conseguir que la inflación se sitúe en el 2%, aunque la autoridad monetaria asume que esto no ocurrirá hasta 2024.
En la misma línea, el Banco de España espera una moderación de las elevadas tasas de inflación en los próximos trimestres, pero con "una mayor intensidad y persistencia del episodio inflacionista actual”. Y aunque las previsiones del supervisor son más moderadas que las de otros organismos económicos (sitúa el repunte medio del IPC en el 7,2% este año y en el 2,6% el año que viene) asume ya que uno de los riesgos al alza es que la inflación se desancle a futuro por encima del objetivo del 2% de la política monetaria.
Objetivo: estar por debajo de la media
Calviño no ha actualizado sus proyecciones para la inflación y sólo ha apuntado que el objetivo será que la inflación se sitúe por debajo de la media europea, algo que se consiguió ya en mayo. Sin embargo, según la última estadística de Eurostat, si bien España se situó en mayo tres décimas por debajo de la inflación de la UE, estuvo cuatro décimas por encima de la media de la eurozona. Además, el Índice Armonizado de Precios de Consumo de España creció un 8,5% en nuestro país, frente al 7,3% de Italia y 5,8% de Francia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contempla en sus últimas previsiones que España sea la decimoséptima economía con más subida de precios este año, escalando cinco puestos en el 'ranking' respecto a la anterior proyección realizada en diciembre de 2021. También asume que los elevados niveles de precios continuarán a lo largo de 2023 y sitúa la media del año en el 4,8%, frente al 1,5% que auguraba hace seis meses.
El Gobierno confiaba en relajar los precios con su Plan energético, que incluye rebajas fiscales a la luz, subvenciones a los carburantes y topes en el gas. Sin embargo, según el Índice de Precios de Consumo (IPC), en mayo los carburantes todavía eran un 29% más caros que hace un año, absorbiendo toda la subvención de 20 céntimos/litro aprobada por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y en vigor desde abril. Asimismo, el precio de la electricidad sigue siendo un 30,2% superior al registrado hace un año.
Finalmente, el tope al gas también se ha estrenado con subidas de la tarifa de la luz. El Banco de España ya calculó que esta medida 'estrella' en la que el Ejecutivo lleva trabajando dos meses reduciría la inflación media del 2022 en apenas medio punto, permaneciendo en el 7,2%. De esta forma, el impacto será menor que el esperado por el Gobierno, de en torno a un punto. En 2023, el impacto de esta medida en la tasa de inflación sería incluso positivo en una décima.
Otoño caliente
Las subidas de tipos que va a empezar a realizar el BCE el 21 de julio anticipan un otoño caliente para el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá afrontar cambios en su política fiscal. En Europa, las primas de riesgo de los países periféricos sufrieron el pasado 13 de junio un fuerte repunte después de que el Banco Central Europeo anunciara la primera subida de tipos y la retirada de estímulos.
Con las subidas de tipos ya presentes y cuando las previsiones de inflación de finales de abril se ha quedado cortas, Calviño está poniendo el foco en la financiación. España coloca ya deuda al precio más alto desde 2014 y el Tesoro está acelerando emisiones antes de la subida de tipos.
La vicepresidenta primera ha subrayado que "hay que aprovechar el crecimiento económico fuerte que tenemos en España para seguir reduciendo déficit y deuda, para que los mercados internacionales estén tranquilos y sigan confiando en España y para que tengamos una buena posición para los próximos años". Y, respecto a la adenda del Plan de Recuperación que va a pedir, formada por préstamos, ha subrayado que se va a utilizar para hacer reformas.
La presión de Díaz
A esto se suma la presión de Podemos para que el ala socialista del Gobierno ponga en marcha más medidas para rebajar la inflación en el Decreto contra la guerra cuya prórroga ultima. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó ayer en Twitter: "La inflación está golpeando a las familias. Se nota al hacer la compra o a la hora de cuadrar las cuentas a final de mes. El Gobierno actuó con rapidez y determinación, pero ahora no es suficiente".
Díaz, que lleva días insistiendo a la ministra e Hacienda, María Jesús Montero, sobre la conveniencia de lanzar ya un impuesto a las eléctricas, informó además la semana pasada de que intenta que se apruebe un bono de transporte para rentas bajas. Pues bien, ayer retomó un antiguo proyecto de los morados, un cheque de 300 euros para los más desfavorecidos.
