La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció el martes que el Gobierno va a pedir 70.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, que se sumarán a los otros 70.000 millones de ayudas directas a fondo perdido pendientes, lo que denominó "adenda al Plan de Recuperación" para el periodo 2023-2026. España no había pedido estos préstamos hasta ahora, a diferencia de otros países como Italia, y estaba contemplado que lo hiciera.
Sin embargo, el anuncio no se esperaba en un momento en el que el Gobierno va a tener en caja cerca de 20.000 millones que, cuando pida esta ampliación, previsiblemente, en mayo, rondarán los 33.000 millones, de los que ha ejecutado una cantidad muy pequeña. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya prevén una dotación de 26.900 millones de euros con cargo a los fondos del plan de recuperación. La previsión de endurecimiento de las condiciones de financiación de la deuda pública ha acelerado los planes del Gobierno. De hecho, si no se anticipara esta petición de préstamos, el Ejecutivo podría incurrir en irresponsabilidad de cara a futuros Gobiernos españoles, trasladan fuentes conocedoras de la gestión pública.
Dentro de tres o cuatro años, el mercado de deuda estará mucho más complicado que ahora, y se podría pedir responsabilidades a quien hoy no tomó la decisión de pedir esos recursos a un coste razonable que cuando sea mucho más costoso y difícil. Se trata de una decisión de política monetaria de deuda del Estado en las que se decide que no se puede renunciar a obtener fondos en condiciones favorables.
Este anuncio se ha producido en un momento de escasísima ejecución real, es decir, que haya llegado a las empresas, de la que sólo se han reconocido oficialmente 104 millones de euros hasta agosto, y que fuentes conocedoras calculan que es estos momentos rondarán los 500 millones y en primavera, los 2.000 millones. La petición de estos préstamos conllevará más obligaciones sobre reformas e inversiones y de reformulación del Plan y el escenario actual es de desbordamiento del Gobierno con los compromisos contraídos hasta la fecha.
En concreto, el Gobierno tiene que lanzar 40 leyes de las 60 prometidas, 12 de ellas al menos hasta junio. Y el atasco se está produciendo cuando la mayoría de las validadas ya estaban aprobadas o avanzadas, pero ahora se inicia un periodo en que deberá desarrollar normas desde el principio, con lo que es previsible que el cuello de botella se incremente.
Pero la realidad de los mercados se impone, en una semana en la que la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una retirada de los estímulos por elevada inflación y la baja tasa de paro más rápida de lo previsto y el inicio de una serie de subidas de los tipos de interés, que implicará tres alzas el año próximo y otras tres el siguiente. Y lo ha hecho una semana después de que la inflación estadounidense repuntara a su nivel más alto en 40 años (6,8%). El Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves empezar a ir retirando estímulos. En marzo acabará el programa de compras de deuda vinculado a la pandemia y en abril reducirá a la mitad las adquisiciones. Por su parte, el Banco de Inglaterra anunció el jueves que subirá tipos.
"Habilitar el tramo de préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es coherente con una previsión de endurecimiento de las condiciones de financiación de la deuda pública en los próximos años, tal y como se anticipa de las decisiones de ayer de la FED el miércoles y del BCE el jueves", considera Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights.
Calviño diseña la estructura financiera
El Gobierno está identificando las áreas prioritarias de inversión y viendo cómo articular de la forma más eficiente la canalización de estos recursos, trasladó Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, en la que presentó un balance del Plan de Recuperación.
La vicepresidenta primera explicó que está "diseñando la estructura financiera óptima para canalizar los fondos de los préstamos", que se realizarán de manera directa a través de "inversiones o subvenciones de los distintos Ministerios, o a través de intermediarios financieros". El nuevo Plan deberá desarrollarse antes del próximo verano. Todos estos condicionantes no impidieron a Calviño vaticinar que en 2022 la ejecución del Plan alcanzará velocidad de crucero.
