Dice el refranero español que quien la sigue, la consigue. Y eso es lo que han hecho 111 accionista de Bankia que en diciembre de 2013 presentaron una demanda civil contra la auditora Deloitte y uno de sus socios, Francisco Celma, por "no haber revisado y verficiado correctamente los documentos contables" de la entidad financiera que sirvieron para elaborar el folleto de su salida a Bolsa que la mostraba como una entidad solvente cuando en realidad distaba mucho de serlo. Tras ser rechazada en un primer momento por el juzgado de Primera Instancia en la que cayó por reparto al considerar su titular que ese tipo de reclamaciones no podían tener carácter colectivo, ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que finalmente ha ordenado ahora, año y medio después, que se admita y que se inicie el proceso para para celebrar el juicio en el que dilucidar si la firma debe responder por los daños y perjuicios que sufrieron los pequeños inversores. Aunque la demanda no cuantifica el importe de dicha indemnización, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli lo cifran en algo más de un millón de euros.
Los 111 demandante consideran que la auditora no cumplió con sus "deberes y obligaciones profesionales" al emitir un informe que no reflejaba "la verdadera y crítica situación" de Bankia en 2011
La reclamación fue presentada por el mismo grupo de accionistas que un año antes, a finales de 2012, habían intentado una medida similar en los Juzgados de lo Mercantil de la capital, pero que vieron cómo éstos rechazaban aquella demanda al considerar que no era la vía correcta para reclamar legalmente daños y perjuicios. El caso lo asumió entonces el despacho Ureña Abogados, quien apostó por acudir a la vía civil para reclamar una indemnización. Así, el 20 de diciembre de 2013 la demanda hacía su entrada en el Decanato de Madrid, quien la adjudicó al Juzgado de Primera Instancia número 7. Sin embargo, en sus primeros pasos ésta amenazaba con seguir el mismo camino que la anterior, ya que el titular del mismo rechazó admitirla en sendos autos del 18 de marzo y el 8 de mayo de 2014. El magistrado argumentaba entonces que no era posible una demanda colectiva y que cada denunciante debía presentarla de título particular.
Dicha decisión fue recurrida en apelación por los abogados de los 111 accionistas que insistían en que la misma podía y debía ser colectiva. Ahora, han sido los magistrados de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid los que han terminado dándoles la razón y ordenando a su colega que admita la demanda y que inicie los trámite pertinentes para que se celebre un juicio ordinario en el que determinar si hubo mala praxis profesional por parte de la auditora y su socio, y, por tanto, ambos deben resarcir a los afectados. El juez ya ha dado traslado de la misma a los representantes legales de Deloitte para que la contesten antes de que se celebre la vista. De este modo, a la firma se le abre su primer frente judicial por el 'caso Bankia' ya que en la vía penal, que es a que sigue el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, sus representantes sólo han comparecido como testigos, pese a las acusaciones de algunos imputados y de los peritos del Banco de España.
"La verdadera y crítica situación"
En su demanda, los 111 accionistas consideran que Deloitte y Celma no cumplieron con los "deberes y obligaciones profesionales" exigibles en "los trabajos de auditoría" de Bankia para los que fueron contratados. En el texto, los acusan de no revisar ni verificar "los documentos contables" de la entidad financiera correspondientes al ejercicio de 2011 y, más en concreto, a su primer trimestre por lo que el informe que emitieron el 17 de junio de aquel año, justo antes de la salida a Bolsa de la entidad, no reflejaba "la verdadera y crítica situación" financiera de la misma. De hecho, fue el contenido "favorable y sin salvedades" del mismo el que sirvió para elaborar el folleto de Oferta Pública de Suscripción (OPS) con el que la entidad salió a Bolsa con el marchamo de solvente.
Los accionista piden como indemnización que se les abone la diferencia entre el precio que pagaron por cada acción, 3,75 euros, y el céntimo que recibieron al venderlas
Por tanto, la demanda considera que existe una "relación de causalidad" entre la supuesta neglicencia profesional de la auditora y el daño patrimonial sufrido por los accionistas ya que, como recalca el texto, los errores de su informe impidieron a éstos "adoptar las decisiones oportunas y adecuadas para sus legítimos intereses" y terminaron comprando las acciones engañados sobre la verdadera situación de Bankia. Por ello, consideran que "tienen derecho a una reparación económica por los perjuicios sufridos" y que debe ser Deloitte y Celma, de modo solidario, los que deben resarcirles del "daño patrimonial" que sufrieron al acudir a la OPS.
¿En qué cuantía? Los demandantes no dan una cifra concreta, pero sí aportan una "fórmula" para calcular la misma con una "simple operación aritmética". En concreto, consideran que la indemnización debe ser la diferencia entre el precio que pagaron por cada acción en la salida a Bolsa de 2011, 3,75 euros, y el céntimo que recibieron al venderlas, multiplicada por el número total de acciones que adquirieron. Según las primeras estimaciones, esta cifra supera el millón de euros.
