La nueva agencia tributaria catalana tendría unos comienzos harto complicados. En un informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, la Generalitat de Cataluña reconoce que tendría que constituir rápidamente un Banc Central de Catalunya que “podría emitir Deuda Pública destinada a cubrir temporalmente el diferencial de recaudación que se obtendría en condiciones normales”.
Además de la subasta de bonos dirigida a los mercados extranjeros de capital, el Consejo Asesor indica que debería explorarse la emisión de títulos canjeables por impuestos pendientes de meritar. La idea es que los ciudadanos comprometidos con el nuevo Estado adelanten los recursos fiscales hasta que el govern pueda haber organizado la estructura necesaria para imponer su legislación al conjunto de residentes en Cataluña. Cabe recordar que en la actualidad la Generalitat está fuera de los mercados y tan sólo financia su endeudamiento a través del Fondo de Liquidez Autonómico articulado por el Ministerio de Hacienda.
“A partir del momento en que el Parlament de Catalunya apruebe las normas jurídicas que conforman el sistema tributario catalán, su efectividad dependerá esencialmente de la voluntad de los ciudadanos de Catalunya de acatar y cumplir la normativa catalana”, sostiene el estudio sobre La Administración Tributaria de Catalunya publicado hace ya varios meses. O lo que es lo mismo, como recuerda Francisco de la Torre en un artículo escrito en Vozpópuli, la propia Generalitat admite su incapacidad para controlar los impuestos que pagan los catalanes.
De hecho, todos los expertos consultados argumentan que éste es el principal reto al que debería responder una agencia tributaria implantada en Cataluña de forma unilateral. “Entre dos agencias que compitan por la recaudación, el contribuyente siempre se decantará por tributar ante aquella que de verdad tenga poderes ejecutivos por muy nacionalista que sea. Si no lo hace así, cualquier ciudadano en territorio catalán se arriesgaría a que le reclamasen la misma cantidad dos veces. Competir unilateralmente por reclamar impuestos con la Administración central sería una locura”, apuntan.
“Entre dos agencias que compitan por la recaudación, el contribuyente siempre se decantará por tributar ante aquella que de verdad tenga poderes ejecutivos por muy nacionalista que sea", señalan los expertos
A los ciudadanos les bastaría con trasladar la cuenta bancaria fuera de Cataluña para escapar del nuevo Fisco catalán. Y en ese caso a la Hacienda catalana sólo le quedaría el recurso de embargar las propiedades inscritas en el Registro… “¿Pero de verdad se atreverían a empezar embargando y subastando los inmuebles?”, señala un exalto cargo de la Agencia Tributaria.
En el supuesto de una secesión no pactada, la situación se complicaría mucho para las empresas, las cuales querrían saber desde el minuto uno a qué administración han de entregar las retenciones mensuales. Cualquier empresa catalana de un tamaño medio o grande tiene actividad en el resto de España y se enfrentaría a la disyuntiva de dónde abonar su factura fiscal. “Puestas entre la espada y la pared, las empresas aprecian la seguridad jurídica por encima de todo, y lo más fácil para la mayoría sería trasladar el domicilio fiscal fuera del Principado catalán. Lo más probable es que primero pagasen al grande y luego se encargasen de negociar con la nueva estructura independiente”, explican diversas fuentes consultadas.
El mismo informe producido por la Generalitat concede veracidad a este razonamiento: “En los primeros momentos, un factor determinante de la viabilidad del proceso de construcción unilateral de la Administración Tributaria del Estado propio será la posición que adopten los empresarios catalanes, pues las empresas son los auténticos recaudadores de los impuestos que pagan los contribuyentes catalanes y, por tanto, quien de verdad puede decidir el destino del flujo financiero (la tesorería) que permita mantener en funcionamiento el aparato institucional de la Generalitat de Catalunya”. De nuevo, el estudio básicamente deja claro que el éxito o fracaso de la aventura independentista no estará en manos del govern encabezado por Artur Mas.
“En los primeros momentos, un factor determinante de la viabilidad del proceso de construcción unilateral de la Administración Tributaria del Estado propio será la posición que adopten los empresarios catalanes", admite la Generalitat
Para echar más leña al fuego, la tributación del IVA representaría otro obstáculo difícil de sortear en semejante situación de desconcierto. ¿Tendrían que estar las empresas exentas del IVA al vender fuera de las fronteras catalanas a sociedades sitas en España suponiendo una importante pérdida de ingresos para las arcas de la Generalitat? ¿O acaso luego se les va a exigir el 21% de IVA por haber vendido a compañías del mismo país tal y como demandará la Hacienda española?
Y como la Agencia Tributaria de Catalunya no estará en condiciones de ejercer “un control integral y eficaz”, según las recomendaciones del Consejo Asesor sería aconsejable que provisionalmente la norma catalana estableciera un periodo de prescripción superior a los cuatro años previstos en normativa española. “De este modo se dará un mensaje muy claro a los contribuyentes en el sentido de que quienes se aprovechen de la inicial debilidad de la Generalitat no conseguirán evitar ser detectados en el momento en que se haya ultimado el despliegue de los sistemas de detección del fraude fiscal”, afirma el texto basado en los trabajos de Joan Iglesias, un inspector de Hacienda contratado por la Generalitat con la intención de sentar las bases de una Agencia Tributaria de Catalunya independiente del Estado español.
Al no disponer de un censo de contribuyentes, la Generalitat se vería obligada a aprovechar las bases de datos a las que pueda acceder sin autorización explícita, y “completarlas con una campaña social dirigida a que sean los propios ciudadanos y empresas de Catalunya los que voluntariamente faciliten a la Generalitat una copia de las declaraciones que presente a la AEAT”. Si bien el propio documente admite otra vez que “la eficacia de esta medida dependerá naturalmente del grado de colaboración que aquellos [los contribuyentes] estén dispuestos a prestar” (sic).
De acuerdo con las cifras barajadas por Joan Iglesias, la nueva Agencia precisaría entre 7.000 y 8.000 empleados con un coste en el entorno de los 400 millones de euros. Sin embargo, a continuación explicita que ese presupuesto se tendría siempre y cuando se consiguiesen las ratios de efectividad de la agencia sueca, una de las más eficientes del mundo gracias a que se basa en las autoliquidaciones y, por ende, apenas cuenta con sedes físicas.
De encontrarse su operativa en la media de eficiencia de la OCDE, entonces el coste de la futura agencia se elevaría hasta el rango de los 700 u 800 millones al año frente a los 1.200-1.300 millones que cuesta la Agencia tributaria española. Además, habría que sumar unos 100 millones de euros para preparar los sistemas informáticos.
Allá donde el sistema español se antoja plagado de paralelas y litigios, el nuevo modelo catalán de agencia tributaria pretende convencer a los ciudadanos de las bondades de pagar impuestos
Por si esto no fuera poco, los papeles de la Generalitat también hablan de emplear los recursos de las diputaciones para recaudar, de captar a trabajadores especializados del sector privado, de buscar el asesoramiento técnico de otros países y de necesitar la ayuda de los bancos para orquestar la recaudación, precisamente los mismos que precisarían del paraguas del BCE y de una ficha bancaria española para mantener el acceso a la liquidez…
Allá donde el sistema español se antoja plagado de paralelas y litigios, el nuevo modelo catalán de agencia tributaria pretende convencer a los ciudadanos de las bondades de pagar impuestos. Pese a emplear una filosofía muy atractiva al prometer un sistema más cooperativo, el esquema que anuncian a fuerza de autoliquidaciones únicamente existe en países donde la conciencia fiscal es muy elevada. El papel lo soporta todo, pero está por ver que semejante molde sea aplicable a una región mediterránea de la noche a la mañana.
“Sin Hacienda propia no hay autogobierno de verdad, y sin autogobierno no hay proyecto propio”, sentenció Artur Mas. Y acto seguido el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, subrayó que están “mucho mejor preparados”. Desde luego, los informes y estudios de la Generalitat tocan muy por encima todos estos problemas y el caos de dimensiones descomunales que se podría ocasionar. Pero todo sea por el proyecto propio.
