Sin que sepa en realidad en qué consiste su función y su necesidad, las Administraciones Públicas siguen engrosando sus plantillas con un ingente ejército de asesores externos contratados a dedo por los representantes políticos como personal de confianza de sus altos cargos. Según la información recogida de sus presupuestos (incompleta en la mayoría de los casos), los gobiernos de las comunidades autónomas superan con creces la inflación de asesores de que dispone el Ejecutivo de Pedro Sánchez y también el gasto habilitado.

Es decir, las regiones acumulan más de 2.500 asesores frente a los 1.714 de Sánchez (incluyendo el Congreso y el Senado) con un gasto previsto en 2022 de casi 118 millones de euros (117,8 millones exactamente), mientras que el presupuesto del Gobierno Central alcanza los 68,4 millones. Es decir, las autonomías en su conjunto tienen casi un 50% más de asesores que el Estado y se gastan un 72% más (50 millones más). Todo esto lleva a las siguientes cifras: el Gobierno Central (Estado) y los 17 ejecutivos autonómicos tienen contratados a más de 4.200 asesores con un gasto global de más de 186 millones de euros.

En realidad, esta partida es aún mayor ya que en los presupuestos no aparece detallado el coste total que le supone al contribuyente, ya que no se desglosa el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de este personal a cargo del empleador. Por tanto, la cifra supera con creces los 200 millones de euros (masa salarial).

Cataluña, la segunda región española por número de habitantes y también en generación de PIB, es la comunidad con mayor gasto en asesores: 18,7 millones, incluyendo a su parlamento y organismos institucionales. En números redondos le siguen: Andalucía con 14,6 millones; País Vasco con unos 12 millones; Castilla La Mancha (7,6 millones); Galicia (7,5 millones); Comunidad Valenciana (6,9 millones); Navarra (6,6 millones); Canarias (6,3 millones); Baleares (5,5 millones); Aragón (5,2 millones); Madrid (5,1 millones); Extremadura (5 millones); Castilla y León (4,9 millones); Asturias (4,7 millones); Murcia (2,7 millones); La Rioja (2,6 millones); y Cantabria (1,9 millones).

Llama la atención que Madrid, la primera economía regional y la tercera por número de habitantes, ocupe el décimo lugar en este ranking. Lo que significa que Cataluña, que cuenta con el presupuesto más elevado, gasta 3,7 veces más que Madrid en personal de confianza.

El Gobierno Central y los 17 ejecutivos autonómicos suman más de 4.200 asesores con un gasto global superior a los 186 millones de euros

La información pública de este colectivo de personal eventual, que tendrá que cesar cuando salga de la Administración el alto cargo que les ha contratado, deja bastante que desear. Lo que más llama la atención es que la mayoría de estas partidas se concentra en los departamentos de presidencia de las distintas comunidades, y también en las vicepresidencias (que a veces se suma a la presidencia). Pero, hay diferencias sustanciales.

En concreto, Isabel Ayuso cuenta de forma directa con un presupuesto de 497.319 euros para estas nóminas, mientras que Pere Aragonés dispone de 3.419.557 euros, casi siete veces más. En todo caso, todas las consejerías tienen asesores, sobre todo las de Hacienda. Por ejemplo, la presidencia de Andalucía dispone este año 5,9 millones mientras que la de Cataluña alcanza los 5 millones. Por su parte, la presidencia de Castilla La Mancha, incluyendo la vicepresidencia y la secretaría general, cuenta con 2,7 millones; Aragón suma 2,3 millones en la partida de los servicios generales; Galicia acumula 1,7 millones en varias partidas mientras que la Comunidad Valenciana y el País Vasco llegan a 1,4 millones individualmente; y las de Canarias y Murcia tienen más de 1,2 millones.

Por su parte, el presidente del ejecutivo de Castilla y León dispone de 1,3 millones mientras que la presidencia de la Comunidad de Madrid (incluyendo las carteras adscritas de Justicia e Interior) sólo tiene un presupuesto de 961.000 euros. En cuanto a las consejerías de Hacienda, Cataluña añade casi 700.000 euros para este gasto frente a los 150.000 de Madrid, y curiosamente en este departamento de La Rioja aparece una partida de 1,3 millones que corresponde sin embargo a la oficina de la presidenta.

Madrid, la primera economía regional y la tercera por número de habitantes, ocupa el décimo lugar en este ranking

Respecto a los asesores de los 17 parlamentos autonómicos, destacan los 4,9 millones de gasto en Andalucía, los 4,3 millones en Cataluña y los más de 3 millones en País Vasco así como los 1,6 millones en Extremadura y los 1,5 millones en Baleares. El presupuesto conjunto de las cámaras representativas regionales suma más de 27 millones frente a los 16 millones del Congreso y Senado nacionales. Es decir, las CCAA disponen de un presupuesto superior del 60%.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el elevado gasto en los órganos institucionales que han ido creando, replicando los del Estado, y que en su mayor parte están conformados con personal ajeno a las Administraciones. Por ejemplo, el Síndico de Cuentas de Cataluña dispone de un coste en personal de confianza de casi dos millones; el Procurador del Común en Castilla León cuenta con casi un millón; el Defensor del Pueblo Vasco suma 2,3 millones y a 700.000 euros asciende el presupuesto en su Tribunal de Cuentas, mientras que el Defensor del Pueblo navarro así como la Cámara de Cuentas de esta región, el Consejo y la Universidad Pública disponen de 922.000 euros para este gasto.

Desentrañar las cifras es un galimatías. Hay comunidades que incluyen en sus presupuestos generales las partidas correspondientes a sus parlamentos así como sus órganos institucionales (desde las Cámaras de Cuentas al Defensor del Pueblo o los Consejos Consultivos), pero otras las omiten y sus datos aparecen desagregados. No consta el número de asesores que asiste a sus parlamentarios y demás órganos. Y sólo en la letra pequeña de algunas memorias de personal de las CCAA aparece la cifra del personal de confianza de la Administración General de la región. Por ejemplo, la Administración catalana señala que tiene 328 asesores; Andalucía, 223; Comunidad Valenciana, 120; Canarias, 113; País Vasco, 99; y, por ejemplo, Castilla y León, 41.

La nómina secreta de los asesores

Algunas comunidades, muy pocas, informan de cuánto pagan individualmente a este personal. No facilitan un solo detalle identificativo (es el secreto mejor guardado por todas las Administraciones). No se publica por tanto nombre alguno, ni siquiera sus méritos profesionales o académicos para acceder a estos puestos. Sólo algunas regiones facilitan algunos datos, que hay que sumar para conocer la composición de la partida completa. Y otras, como la Comunidad Valenciana, indican los baremos en qué se mueven estas nóminas, equiparables a los sueldos de los directores generales, es decir, entre 48.297 euros y 52.763 euros anuales excluyendo el pago de trienios por antigüedad. Esta región incluye también entre los asesores a dos conductores con una nómina de 38.347 euros cada uno.

Estas cifras permiten calcular que un asesor tiene unos ingresos medios por encima de los 45.000 euros anuales en las regiones (hay casos de más de 70.000 euros), aunque al contribuyente le sale más caro porque hay que sumar las cotizaciones sociales a cargo del empleador. También aparecen curiosas partidas, por ejemplo, Extremadura se gasta 37.725 euros en contratar una persona para su acción en el exterior de España.

¿Son necesarios los más de 4.200 asesores contratados a dedo que de que dispone el Gobierno y las autonomías? España se ha convertido en un país de asesores. Las Administraciones están plagadas de personal de confianza de los políticos. Los expertos dicen que hay más asesores ahora porque el nivel profesional de la clase política es inferior a la de años precedentes y necesitan más apoyo para tomar decisiones, aunque en muchos casos su nivel de formación académica es bajo como sucede con el equipo de Sánchez en el que al menos un tercio de sus contratados sólo tiene estudios primarios o certificado de escolaridad.

Es evidente también que los políticos desconfían de la dedicación pública y de la formación de los altos funcionarios que podrían utilizar sin añadir un mayor gasto. Y, por si fuera poco, esta contratación a dedo se ha convertido en una fórmula para premiar la fidelidad del personal de los partidos (y amistades) integrándoles en la Administraciones para después intentar ‘funcionarizar’ su plaza, en muchos casos con oposiciones restringidas, y conseguir un empleo vitalicio.

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