El Gobierno controlará los precios que él mismo ha disparado. Es el único compromiso práctico que dejan las tres horas de reunión entre los agentes sociales y el Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa. El Presidente del Gobierno se comprometió ante sindicatos y patronal a moderar los precios que dependen de las administraciones públicas, desde el transporte hasta los carburantes pasando por los dos que más se han disparado: sanidad, que lleva un 13% de subida anual y educación que ha subido un 10,4% en los últimos doce meses. Cumple así con la llamada “tercera pata” de la negociación colectiva después de que los trabajadores hayan rebajado sus salarios y las empresas hayan comprometido reinvertir una mayor parte de sus beneficios.
El resto del diálogo con Mariano Rajoy sólo ha servido para comprometer más diálogo. Pero si se tiene en cuenta que el Presidente y los sindicatos no se habían vuelto a sentar en una mesa de negociación desde hacía 16 meses, quizá ese compromiso no sea menor. El Ejecutivo abrirá cuatro grupos de trabajo en el que los sindicatos y la patronal deberán aportar sus propuestas en materia de:
- Protección social: Los sindicatos plantearon una posible "renta básica de ciudadanía" para las familias sin cobertura, una figura que algunas autonomías consideran ya como derecho subjetivo. El objetivo de los sindicatos sería considerarla como una pensión no contributiva que financiara el Estado y que se financiara con fondos públicos sin un aumento de coste muy notable. Esa renta, plantearon los sindicatos al Presidente, se fijaría por unidad familiar y cubriría a casi tres millones de hogares.
- Formación para el empleo: El Presidente trasladó a los agentes sociales su esperanza en que los 60.000 millones del plan que elaboran Francia y Alemania tenga algún impacto en España. Sin embargo, Mariano Rajoy transmitió a los agentes sociales la sensación de que la iniciativa franco-alemana dependía únicamente de la voluntad de Francia y Alemania. España, en cualquier caso, aspira a recibir una parte de esos fondos.
- Empleo juvenil: Tanto los empresarios como los sindicatos pidieron al Ejecutivo planes de crecimiento. El Gobierno no ha comprometido políticas completas.
- Pensiones: El Gobierno tiene que reformar las pensiones a corto plazo para ajustar los compromisos que ha suscrito con Bruselas en el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas. Además, el Ejecutivo debe reformar la legislación para dar cumplimiento a la reforma que sobre las cotizaciones a tiempo parcial ha forzado el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Presidente trasladó a los agentes sociales la sensación de que las posibilidades de pacto eran prácticamente nulas.
Además, aunque no se crea un grupo de trabajo específico al respecto, el Ejecutivo no publicará su evaluación sobre la reforma laboral sin escuchar la que hagan sindicatos y patronal de manera autónoma. En total, serán, pues, cuatro las evaluaciones sobre una reforma laboral que el Ejecutivo ya ha dicho que no va a cambiar de ninguna forma.
Los sindicatos se reunirán con los demás partidos
Los agentes sociales han mantenido un primer encuentro politico para pedir un pacto nacional con Rajoy pero no será el último. UGT y CC.OO. comenzarán la semana que viene una serie de reuniones con los partidos con representación parlamentaria. Los partidos trasladarán a las fuerzas políticas el mismo documento que han llevado a Moncloa.
NO a la "comisión del sosiego"
En 1995, cuando en España la situación política del país se resumía con la palabra “crispación” y la situación social era descrita como la del “paro, despilfarro y corrupción”, los agentes sociales plantearon al presidente Felipe González un pacto de estado para conseguir rebajar la tensión política. Cándido Méndez (UGT), Antonio Gutiérrez (CC.OO.) y José María Cuevas (CEOE) bautizaron aquel acuerdo como el de la “comisión del sosiego”.
La reunión con Mariano Rajoy pretendía reeditar esa comisión del sosiego y planteaba al Presidente una mediación de los agentes sociales para rebajar el grado de tensión política.
Ni siquiera en ese terreno ha habido acuerdos que el Presidente ha descartado con el argumento de que “no conviene impulsar iniciativas políticas que no va a aceptar nadie”.
