Las empresas siguen esperando los miles de millones de euros que Europa concederá a España para salvar la economía de la crisis en la que el coronavirus la ha sumido. En concreto, se esperan 70.000 millones en transferencias no reembolsables o a fondo perdido. Pero el dinero no llega, la paciencia se agota y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) avisa de que otros países lo están poniendo más fácil para invertir.
La patronal ha mandado un mensaje directo al Gobierno en un informe sobre los 'Next Generation' difundido este miércoles: que el retraso en la llegada de las ayudas a las empresas puede desviar las inversiones, por ejemplo, hacia Italia, Francia o Portugal, donde la ejecución está siendo más rápida. En España, las empresas recibieron hasta agosto de 2021 (el último mes del que hay datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado) 104 millones de euros, apenas el 2% de lo comprometido en esa fecha.
Por el contrario, a finales de agosto Francia había desembolsado ya cerca del 30% de la dotación total de su Plan (29.000 millones) y cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación que incluye a un amplio número de agentes distintos al propio Gobierno, donde están presentes, por ejemplo, el economista Benoît Cœuré o la patronal MEDEF, según la CEOE. Este último punto es otro de los reclamos que empresas y organismos independientes como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han manifestado públicamente.
En el caso de Portugal, la patronal también destaca que el país vecino garantiza la "máxima transparencia", publicando periódicamente información completa y actualizada respecto de los compromisos y los desembolsos. En este sentido, ha lanzado convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos por una cuantía de 3.592 millones de euros, un 28% de los fondos asignados por la Unión Europea a este país (13.900 millones).
Finalmente, de Italia destaca la fórmula escogida para gestionar estos fondos, que en vez de asignarse a las autoridades locales y regionales en función de criterios definidos por el Gobierno como en España, lo deja en manos de procedimientos competitivos en los que se hace partícipes a los gobiernos locales o asociaciones público-privadas. Además, ha reforzado las plantillas del sector público con la incorporación de 1.000 expertos para gestionar estos fondos y agilizar los procesos.
De esta forma, para la CEOE, la ventaja de los tres países respecto a la gestión que se está llevando a cabo en España es notable. En su opinión, esto supone un riesgo creciente especialmente entre las empresas tractoras multinacionales que pueden tener menos problema en deslocalizar sus inversiones, así como en aquellos territorios con un número reducido de grandes empresas. "Las consecuencias de esta situación pueden ser muy negativas para el empleo y la cohesión social y territorial", sentencian.
Poco dinero y convocatorias antiguas
España ya ha recibido 19.000 millones de estos fondos, con una prefinanciación de 9.000 millones de euros en agosto y un primer desembolso de otros 10.000 millones. Sin embargo, a lo largo de 2021 se publicaron unas 120 convocatorias de subvenciones y unas 270 licitaciones de contratos públicos por un valor total de 9.300 millones. Esto es un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los PGE de 2021, "si bien en su mayoría todavía no han sido desembolsados a las empresas", según CEOE.
El Banco de España estima que de los 26.600 millones presupuestados el año pasado sólo se ejecutaron 11.000 millones, lo que no significa necesariamente que llegaran a las empresas, pues el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos tampoco dispone de estos datos oficiales. En cualquier caso, reduce a cenizas el impacto esperado en la economía. Estos fondos apenas aportaron 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB el pasado año.
Otro de los problemas a los que apunta la CEOE está en las convocatorias que hasta ahora se están publicando, que son "continuistas" respecto a años anteriores. Vozpópuli ya reveló que parte de las convocatorias anunciadas hasta el final del ejercicio 2021 ya se habían aprobado años anteriores. Es decir, no tenían un componente novedoso y transformador ni cumplían las expectativas de algunos expertos consultados pese a ampararse en el Plan de Recuperación de la crisis provocada por la covid.
Finalmente, la problemática central a la que se enfrenta España está en la gestión de estos fondos, pues el Gobierno ha delegado en las comunidades autónomas gran parte de la ejecución pero sin considerar sus necesidades ni circunstancias específicas. "Es fundamental adaptar las convocatorias a la realidad socio-económica de cada región, aspecto que en la actualidad es complicado por el diseño que ha hecho el Gobierno", sentencia la patronal.
