La llegada de los fondos de la UE va a suponer todo un reto de gestión para la administración. Para afrontarlo, el Gobierno, las empresa públicas y comunidades autónomas están recurriendo a interinos para gestionar los fondos del Plan de Recuperación y los PERTE, según ha informado este lunes Vozpópuli. Por ese motivo, Ciudadanos ha registrado este mismo lunes una pregunta parlamentaria en la que cuestiona que el Ejecutivo vuelva a 'tirar' de interinos durante los próximos tres años para la gestión de los millones europeos cuando una de las condiciones para el desbloqueo del dinero es reducir la temporalidad en el sector público.
"Diversas fuentes sindicales han hecho pública la información con la que confirman la contratación de interinos por un periodo de tres años con este fin en la mayoría de Ministerios y que se incrementará en los próximos meses. En el caso de Transporte, por ejemplo, son ya cerca de cuarenta y en el de Asuntos Económicos, una veintena. Lo que demuestran estas medidas es que el Estado está abusando de nuevo de la contratación temporal para suplir unas carencias que irán a más con la jubilación en los próximos años de casi la mitad de los funcionarios españoles", señala el partido en la pregunta por escrito a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los autores del documento, los diputados José María Espejo-Saavedra Conesa y Edmundo Bal Francés, señalan que desde que se confirmó la concesión de fondos a España en julio de 2020 ya era previsible el aumento de la carga de trabajo. Estos políticos señalan la falta de previsión del Gobierno en este punto, que sugieren que el Ejecutivo movilice y redistribuya los recursos disponibles en la Administración para evitar el atasco burocrático o incluso convocar una Oferta de Empleo Público para formar unidades especializadas.
Con la aprobación de la ley de interinos se pretendía reducir la tasa de temporalidad entre los empleados públicos de un 30% a solo un 8%, en un plazo inferior a tres años, y cumplir así con los requisitos que desde la Unión Europea se estaban reclamando. Sin embargo, si la gestión de los recursos humanos de la Administración continúa abusando de la figura de los interinos, tal y como afirman los sindicatos, la situación llegará al menos hasta 2026, incumpliéndose los objetivos de reducción de la tasa de temporalidad.
La práctica de contratar interinos suele ser habitual en las comunidades, que recurren a los interinos y temporales para Sanidad y Educación pero lo es menos en el entorno de la Administración General del Estado, sobre todo en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aboga por atajar la temporalidad en el Sector Público y precisamente cuando acaba de aprobar una de las reformas estrella comprometidas con Bruselas del Plan de Recuperación en este sentido, la ley de interinos, además de las disposiciones ad hoc en la reforma laboral.
Fuentes sindicales consultadas por este periódico refrendan la contratación de interinos por tres años con este fin en la mayoría de Ministerios. En el caso del de Transporte, por ejemplo, son ya cerca de 40. Y en el Ministerio que pilota el Plan, el de Asuntos Económicos, han entrado en diciembre una veintena. Desde CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, trasladan que esta práctica está causando malestar entre los funcionarios, que consideran que hay perfiles en plantilla para estos puestos, por lo que consideran que hay una gestión de los Recursos Humanos de la Administración ineficaz.
Plazas sin cubrir en Hacienda
Destaca por ejemplo que la propia Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creada en el Ministerio de Hacienda para monitorizar la gestión del Plan sólo tiene cubiertas 49 de sus 86 plazas, según ha concretado el Ministerio al Portal de Transparencia. Y sin que Hacienda esté activando los bonus a los funcionarios asignados al Plan que le habilita a dar el Real Decreto-ley que quiere quitar barreras a la gestión de los fondos, que ahora tramita el Congreso, como proyecto de ley.
Una de las claves de estas contrataciones está en la reforma laboral del Gobierno, pactada por patronal y sindicatos y que el Parlamento deberá convalidar en las próximas semanas. La disposición adicional quinta de la norma permite "suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público" en el marco del Plan de Recuperación. "Son contratos de obra que se acabarán convirtiendo en una puerta de atrás para engordar el sector público", admiten fuentes parlamentarias consultadas por este diario.
